Un informe de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires relevó los casos de abuso y violaciones contra menores detenidos por causas penales en territorio bonaerense. Polémicos régimenes de castigo, feroces golpizas, violentas requisas y condiciones de hacinamiento son algunas de las infracciones comprobadas. El 93% de los hechos ocurre en dependencias policiales, y la departamental de San Isidro figura primera en el ranking de denuncias. Mientras las fuerzas de seguridad relativizan la situación, los especialistas advierten que la violencia sólo los prepara para un futuro en la cárcel.
FUTURO.
El 70% de los detenidos en institutos de menores termina en las cárceles al cumplir 18.
“¿Sabés lo que pasa, pibe? Tenemos que atarnos las manos para no pegarles.” Con esta frase, un policía de una comisaría bonaerense narró cómo se contuvo para no darle una paliza aleccionadora a tres chicos que acababa de detener por un intento de robo.
Sin embargo, no todos los uniformados se “atan” las manos para no castigarlos. Un listado de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, recopiló 778 casos de maltratos, torturas, violaciones y otro tipo de humillaciones graves a menores bonaerenses entre junio de 2006 y junio de 2007. El 93 por ciento de estos hechos ocurrieron en comisarías. El resto, en institutos de menores y en unidades penitenciarias.
Los jueces no desconocen este cuadro, y así lo han expresado en sus fallos. En ocasión de una denuncia por apremios, el juez del Tribunal de Menores de San Nicolás señaló: “(El menor) ha manifestado haber sido víctima de golpes por personal policial de la Comisaría 1ª de esta ciudad en ocasión de procedimiento policial que se llevara a cabo en la ciudad de San Nicolás el 19 de junio de 2007, habiendo sufrido lesiones”.
En otro episodio, un joven manifestó ante el Tribunal de Menores Nº 5 de San Isidro que lo llevaron a la Comisaría 1ª de Tigre, y que tanto al ser detenido como en la comisaría “me pegaron de todas formas, trompadas, patadas, estábamos tirados en el piso y uno nos pegaba, se iba, venía otro y también nos pegaba”.
La Corte tiene un registro especial de denuncias en el que se relatan episodios aberrantes que tienen a los chicos como víctimas. Las comisarías más denunciadas son las de la departamental San Isidro (incluye además San Fernando, Vicente López y Tigre), donde ocurrieron el 38% de los casos; Mar del Plata, con el 30%, y La Plata, con el 8%. Es decir que la mayoría de los casos reportados ocurrieron en centros urbanos habitados por estratos sociales medios y altos, pero con barrios periféricos poblados por sectores de menores ingresos.
El jefe de la departamental San Isidro, comisionado Ernesto Aragüez, admitió que “puede ser que exista” algún episodio de violencia en la dependencia, pero inmediatamente aclaró: “No me consta. Ocurre que nosotros no sabemos qué dicen los menores ante el juez o el fiscal cuando comparecen luego de ser detenidos. Puede ser que digan la verdad o que estén mintiendo. No olvidemos que hablamos de chicos que provienen de familias con los vínculos destruidos, donde la mentira vale. Pero no tengo constancia de que esto suceda”.
Al problema de la violencia contra los menores ahora se sumará un grave inconveniente metodológico, ya que como el Registro de Denuncias de la Corte fue disuelto el mes pasado, será imposible conseguir estadísticas sobre las agresiones. En consecuencia, no habrá organismo oficial que esté en condiciones de reportar índices sobre las violaciones a los derechos de los niños.
Toda la responsabilidad del seguimiento de estas denuncias recaerá sobre el Comité contra la Tortura, una entidad estatal no gubernamental creada por ley para controlar la violencia contra chicos y también el abuso que sufren los adultos en los penales.
Alicia Romero, abogada del área Menores del Comité, confirm que los chicos son sometidos a agresiones en las dependencias policiales, a pesar de que no deberían ser alojados allí. “Los chicos son torturados, lo hemos comprobado. Y también hemos probado que, pese a ser ilegal, pasan horas en las comisarías junto a adultos, algo también prohibido. Se comete todo tipo de vulneraciones a sus derechos”, sostiene la letrada.
En los primeros días de diciembre este organismo presentará un informe en el que se detallan cientos de casos en los que, contra lo que establece la ley, los pequeños permanecen alojados, durante horas o días, en comisarías, conviviendo incluso con adultos.
La privación de la libertad de un menor de 18 años debe ser, según los tratados internacionales y la propia Constitución Nacional, una medida excepcional. Se supone que si son llevados a una comisaría por conflictos con la ley tienen que ser trasladados inmediatamente a un tribunal para declarar. Allí sólo un juez puede decidir sobre el futuro del niño.
Por la sobrepoblación de las cárceles y el endurecimiento de las leyes, las comisarías pasaron a ser desde hace tiempo unidades penales de hecho. En ellas conviven adultos con chicos, con humedad, falta de luz, camas de material, letrinas tapadas, instalaciones eléctricas paupérrimas, entre otras irregularidades comprobadas en visitas a las delegaciones. Las edificaciones, en algunos casos, tienen más de 70 años. Lo que debería ser un lugar de paso, se convierte en un alojamiento permanente para muchos. Lo peor es que, muchas veces, no tienen ni causa, ni sentencia, ni posibilidad de defensa.
Algo similar ocurre en los institutos de menores. Por ejemplo, un pibe de 14 años estuvo privado ilegalmente de la libertad durante cinco meses, encerrado en La Plata, en uno de los denominados centros de recepción, acusado de cometer un delito.
Si bien por su edad era inimputable para la ley, el juez del Tribunal de Menores Nº3 de La Matanza consideró que debía seguir adentro por considerar que el hecho de ser menor no presumía inocencia sobre la causa investigada. La Cámara de Apelaciones del mismo departamento judicial lo dejó libre, resaltando que el magistrado había actuado de manera irracional.
Entonces, ¿por qué los chicos pasan tanto tiempo en las comisarías? “No hay explicaciones oficiales sobre eso”, responde Romero, y arriesga una teoría:”Los policías les quieren dar una lección por mano propia para que no vuelvan a cometer delitos”.
Pero la violencia no garantiza ese resultado. Aragüez aporta una estadística contundente. Entre enero y octubre de este año, sólo en la jurisdicción de su departamental, 1.789 chicos fueron detenidos “por estar en conflicto con la ley penal”.
Las estadísticas muestran además que el 70 por ciento de los chicos que son derivados a institutos por causas penales terminan poblando las cárceles bonaerenses una vez que cumplen la mayoría de edad.
“Los preparan para la vida en la cárcel”
“Es un sistema siniestro, diabólico: no sólo los preparan para la vida en la cárcel sino que además los entrenan para ser la mano de obra de hechos delictivos, los usan para eso y después los matan.”
En diálogo con Alcira Argumedo, socióloga y profesora de la UBA, define así la lógica de los institutos de menores de la provincia de Buenos Aires, donde hay 24 instituciones oficiales que reciben a chicos con causas penales. Están divididas en tres niveles: de máxima seguridad, cerradas y abiertas.
La lógica de los lugares que alojan a los chicos en conflicto con la ley permite trazar un paralelo con las cárceles. Hay un régimen de castigos que puede ser aplicado arbitrariamente. Por ejemplo, insultar a un superior puede implicar entre 5 y 15 días sin poder salir de la celda.
“Están alojados en espacios de dos por dos metros, donde está todo junto: el inodoro, la mesa, la ducha y la cama de material”, describe Sergio Raimundo, trabajador social del Comité contra la Tortura.
Un chico pasó 25 días encerrado e incomunicado en un lugar similar del Instituto Leopoldo Lugones de Azul, por insultar a las autoridades. La jueza de menores Silvina Damandral evaluó que durante la sanción “el niño estuvo encerrado sin contacto alguno con el exterior (de la celda) ni con sus compañeros”.
En este instituto se comprobó además que las requisas que se les hacía a los familiares y a los internos eran violatorias del derecho a la intimidad. “Hacen desvestir totalmente a los parientes”, precisa un hábeas corpus presentado por el presidente del Comité contra la Tortura, Roberto Cipriano García.
El régimen de llamadas también es violatorio en los penales cerrados. “Los chicos no sólo no pueden llamar libremente, sino que quien marca el número y lo anota es el guardia. Por eso, no pueden denunciar irregularidades por esa vía”, manifiesta Alicia Romero, de la misma entidad.
También el acceso a las drogas fue comprobado por el Comité. “Se fuma marihuana”, consta por ejemplo en el registro de guardia del pabellón 4 del Leopoldo Lugones.
Morir por desidia
“Paro cardio respiratorio no traumático.” Es la carátula del certificado de defunción de Marcos Daniel Dunda (17), quien falleció el 22 de marzo pasado.
Las pericias arrojaron como resultado que la muerte “fue no violenta”. A Marquitos, tal como lo llamaban sus compañeros, se le detectó una afección cardíaca, producto de un corazón agrandado. Hasta allí, sólo parecía obra del destino. Pero en la investigación judicial las pesquisas se enfocan a determinar si la muerte pudo haberse evitado.
Y todo parece indicar que sí. En el segundo cuerpo del expediente, el médico del Instituto Héctor Alberto Arias menciona una serie de irregularidades que pudieron incidir directamente en su muerte.
La primera es que al ingresar al Instituto, derivado de un Tribunal, no se le hizo un estudio médico completo para detectar, entre otras cosas, si tenía anomalías cardíacas. “No se les hacen exámenes de rutina porque resulta imposible conseguir turnos en los hospitales públicos”, declaró el doctor Arias.
La fiscal Marco describió que al momento de la muerte del chico no había médico ni equipos para reanimarlo. “El nudo de la investigación está orientado a determinar si recibió la asistencia médica adecuada y si la muerte era evitable”, manifestó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario