"ADIOS JACQUES VERGES, EN DEFENSA PROPIA" por Xavier Orri.

 

El francés Jacques Vergès, personaje muy mediático y polémico que el cineasta galo Barbet Schroeder retrató en el documental El abogado del terror, falleció este jueves 16 de agosto de 2013 a los 88 años de edad.

"Lo que hay que recordar de Vergès es a la vez el talento, la valentía, el compromiso y el sentido de la contradicción. Un abogado no es un mercenario, es un caballero. Y Jacques Vergès era un caballero", dijo de él este jueves el expresidente el Consejo Nacional de la Abogacía, Christian Charrière-Bournazel.

 

 

SIN MAS REQUIEN QUE EL ESPERADO, LES DEJO UNA DE SUS ÚLTIMAS ENTREVISTAS:

 

 

 

Más sabio por viejo que por diablo, el abogado francés sigue ociosamente entretenido a sus 87 años. Su último pasatiempo fue denunciar al ex presidente Sarkozy de crímenes contra la humanidad por instigación de la revuelta libia. Al tiempo, prepara su segunda obra de teatro, epílogo del Serial Plaideur (Pleiteador en serie) que representó más de cien noches en el parisino Théatre de la Madeleine.

Iconoclasta de arrogancia abrumadora y verbo exquisito. Comunista adorador de De Gaulle. Abogado del nazi Klaus Barbie y lector devoto de Montaigne. Ateo místico convertido (efímeramente) al islam por amor. Jacques Vergès sigue siendo un misterio que exige el matiz para explicarse. Por etiquetas, su castillo de naipes se desmorona. El brillante abogado francés sigue en activo a sus 87 años, recibe en su despacho parisino del neuvième arrondissement, al minuto del Moulin Rouge, en el que se instaló hace dos décadas. Conserva la lucidez y el macabro sentido de la ironía que le encumbraron como uno de los agitadores más brillantes y temidos de su país. Adornan su recibidor una docena de tableros de ajedrez dispuestos para empezar la partida, sigue siendo el inquebrantable fumador de puros en el que el Che le convirtió en su primer y único encuentro en París, cuando el abogado todavía blasfemaba fumando pipa, y reconoce conservar a Mao en su corazón al tiempo que reniega, al menos en el terreno práctico, del comunismo al que se dedicó con devoción durante la década que siguió a la segunda guerra mundial. “Digamos que he perdido optimismo en relación a esta idea”, concede apenas arranca la conversación. Vergès, el abogado y ciudadano antiimperialista, el defensor de Slobodan Milosevic, de Carlos Ramírez ‘El Chacal’, de terroristas palestinos y de mujeres en busca de un divorcio dorado, sigue en pie de guerra.

Su última cruzada apunta al presidente Sarkozy y a su filósofo de cabecera, Bernard-Henry Lévy (BHL), a los que ha denunciado ante la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad por instigación de la revolución libia. Junto al ex ministro socialista Roland Dumas ha publicado el panfleto Sarkozy bajo BHL en el que destripa las interioridades de la sublevación. A saber, que el Gobierno francés, a través de la intermediación de BHL, fue el principal instigador de la revuelta. “Henry Lévy se reunió con la oposición libia [en un hotel de París] para que hicieran una acción que permitiera a Francia intervenir. Francia creó las condiciones para una guerra civil y después intervino en la guerra civil para conseguir que se imponga la anarquía”, resume el menudo abogado con la grandilocuencia que le define. No es que Vergès sea un devoto de Gadafi, ocurre que aborrece al presidente de la República y su “regreso a las políticas coloniales”.

Habla con convicción y conocimiento de causa cuando se trata de colonialismo, acaso su guerra mayor. Hijo de madre vietnamita y padre francés, nació en la colonizada Siam, creció en la Isla de la Reunión y se inició en la abogacía como defensor de terroristas argelinas del FLN que luchaban por la liberación del país africano a finales de los cincuenta. Mujeres como Djamila Bouhired o Zora Driff, que hicieron la revolución poniendo bombas en los cafés frecuentados por los colonos de Argel. En Francia las llamaban terroristas mientras en el resto del mundo las trataban de libertadoras. Vergès, por entonces un insolento abogado en prácticas, tuvo mucho que ver en el matiz lingüístico. A través del proceso de Djamila, más tarde esposa y madre de sus dos hijos, consiguió una campaña mediática por medio mundo en la que se reseñaban los crímenes de las terroristas argelinas, pero también los motivos de sus defendidas para asesinar a veinte civiles de un bombazo sin pestañear. En titulares, se trataba de combatir el modelo colonial impuesto por Francia en Argelia. Más allá del sentido racista de Estado, el ejército francés practicó con recurrencia la tortura, el asesinato y la violación durante los años previos a la revolución, estallada en 1954 y cerrada en 1962 con la independencia que concedió el general De Gaulle. La ilustración de la infamia la sirvió con crudeza el escritor y diplomático Romain Gary en una descripción del cuerpo de una prostituta en Djibouti a la que oficiales franceses habían marcado con sus nombres y fechas de paso. Tatuajes señalando las virtudes y disposiciones sexuales de su proveedora. La chupa bien. No se deja encular, grabaron para el siguiente sobre su cuerpo. “Francia negó la dignidad y la existencia del argelino, negó la lengua árabe, negó la historia del país, los dioses del país. ¡La gran mezquita de Argel fue convertida en una Iglesia!”, dice Vergès acelerando ligeramente su discurso pausado y reflexivo. El proceso a Djamila terminó con una condena a muerte que nunca se cumplió. Fue indultada, sin solicitarlo, por el presidente de la República. “Un juicio es una operación mágica que permite la metamorfosis del acusado. Juana de Arco llegó a su juicio como un jefe de guerra y salió convertida en una santa. Djamila pasó de ser una terrorista a un símbolo mundial de la revolución contra el colonialismo”, recita Vergès usando una analogía nada nueva en su discurso.

 

 

 

Aún con los odios acumulados durante una larga carrera en la que ha tratado de cenutrios a buena parte de sus colegas, la profesión le reconoce más méritos que reproches. Su aportación jurídica no es menor: llevó a los juzgados un sentido estético de la justicia. “Mi posición se explica por oposición a la visión moralizante común a los juristas. Para mí lo interesante es que una infracción, que llamamos delito o crimen, plantea preguntas alrededor del orden público y nos obliga a reflexionar sobre ello”. Conceptualizada en su celebrado ensayo Estrategia judicial en los procesos políticos (reeditado por Anagrama en 2009), su perspectiva estética tomó forma práctica en lo que vino a llamar la estrategia de ruptura, un modelo de defensa tosco y extremadamente agresivo que consistía en negar la legitimidad del tribunal como punto de partida. Si el juez hablaba de terrorismo, el acusado reivindicaba la condición de resistente en una guerra. El juez trataba al acusado de francés, él se reclamaba argelino. “Reconocíamos los hechos criminales como ciertos”, sigue Vergès refiriéndose a su iniciación argelina, “así que dejábamos de discutir hechos con el juez para discutir valores”. No se discutía lo que hizo el acusado, sino por qué lo hizo. En el tribunal el motivo no es necesariamente eximente, pero cruzada la línea de los periódicos, entiende Vergès, el juicio entra en una dimensión política en la que la opinión pública dicta sentencia. En cuanto a la efectividad, los resultados fueron notables. “De todos mis clientes condenados a muerte en Argelia, puedo presumir que ninguno pasó por la guillotina”, se relame el abogado, con pausa dramática de por medio, recurrente cuando está a punto de colgarse una medalla.

 

Serial Plaideur.

Más allá de su ocio batallador, ahora con el presidente francés como diana, a Vergès le quedan tiempo y fuerzas, a sus 87 años, para descubrir el teatro desde el escenario. En abril cerró gira en el Théatre de la Madeleine tras más de cien funciones de su Serial Plaideur, un soliloquio de hora y cuarto en el que vanagloria su paso por la resistencia francesa y repasa su recorrido por los tribunales de medio mundo. Solo omite de su trayectoria la década de los setenta que pasó en la oscuridad, apartado del mundo, cuando huyó de Argelia y de su familia para escabullirse en ¿Oriente Próximo? ¿la Camboya de Pol Pot? para hacer la revolución por su cuenta y riesgo. Nadie sabe decir dónde estuvo. “Fui solicitado por algo que me parecía importante”, se excusa el abogado en el inquietante documental El abogado del terror que le dedicó Barbet Shroeder. ¿Habrá obra póstuma resolviendo su gran incógnita? “Ni eso le puedo responder”, se excusa hoy.

De lo que sí habla sin obviar detalles es de Klaus Barbie, el oficial nazi al que defendió en un macrojuicio celebrado en Lyon en el 87’. El veredicto estaba dictado de antemano. El Carnicero de Lyon había sido el máximo responsable de la Gestapo en la región lionesa y se le acusó de ser el instigador de la tortura y el asesinato de un icono de la resistencia francesa como Jean Moulin. Ni jueces ni periódicos iban a inclinarse a los argumentos de Vergès, por válidos que pudieran parecer. Pero el abogado de ojos rasgados defendió de todos modos al supremacista ario delante de 39 jueces. Su objetivo, más allá de la defensa de Barbie, era formular una pregunta que Francia había rehuido desde la guerra argelina. “¿Qué nos da derecho a juzgar a Barbie cuando nosotros, como sociedad y como nación, somos culpables de crímenes tan parecidos en Argelia?”, repitió en el juicio y ante los micrófonos. Completó la puesta en escena llevando a su lado a un abogado argelino y a otro congolés para la foto: un euroasiático, un negro y un árabe defendiendo a un nazi delante de 39 jueces blancos y franceses que proclamaban los derechos del hombre que Francia se había ventilado tres décadas antes en Argelia. “Intentaron hacer de Barbie un monstruo, un Marqués de Sade, cuando en realidad era un personaje de nuestro tiempo. Era un oficial subalterno que asegura la represión en un país conquistado. Era el oficial francés en Argel. Era el oficial americano en Irak”, explica Vergès recogiendo la tesis arendtiana que asimiló el nazismo al colonialismo tradicional. La salvedad, apuntó el poeta martinico Aimé Césaire, fue el destino de su colonialismo. Si España sometió a indios, Francia a negros e Inglaterra a aborígenes australianos, la Alemania nazi tuvo la funesta idea de intentarlo con blancos europeos. “Al hacer de Barbie un monstruo, estaban exonerando el nazismo y se negaron a comprender cómo llegó un hombre ordinario como él a hacer lo que hizo, rechazaron escuchar las preguntas que planteaba su caso. Y es que incluso el peor de los criminales nos plantea preguntas… siempre y cuando esté bien defendido”, apostilla Vergès con asumida coquetería.

• ¿Qué preguntas planteaba el grupo terrorista de Carlos Ramírez ‘El Chacal’, al que usted defendió, cuando ponía bombas en los Campos Elíseos a principios de los ochenta?

• A raíz de lo ocurrido en Múnich [dónde un comando palestino del grupo Septiembre Negro secuestró a once deportistas israelís durante los Juegos Olímpicos de Múnich que fueron ejecutados durante el fallido rescate], una banda del Mossad se paseó por toda Europa abatiendo a los responsables de la Organización para la Liberación Palestina. El Mossad hizo de París un campo de batalla en el que los otros respondieron.

• Con bombas contra civiles…

• Cuando hablo de estos atentados no digo que los aprobaría si yo fuera el responsable, pero puedo defender al autor porque soy capaz de entenderlo.

Entender al criminal. No excusarlo, ni justificarlo, ni minimizar su crimen, ni mucho menos absolverlo, solo entenderlo, se explica Vergès. “Comprender”, recitaba en Serial Plaideur, “arma a la sociedad para que el crimen no vuelva a producirse”. Pero más allá de esta función didáctica, meterse en la piel del criminal fue el gran vicio que encontró Vergès para dedicarse a la abogacía. Poder vivir la vida de todos los hombres como la suya propia, pócima nietzscheana de la felicidad reseñada en La gaya ciencia, despertó su vocación. “Descubrí que este era el trabajo que quería hacer cuando me enfrenté a mi primer caso. Era un chico joven, estaba sentado enfrente de él y pensaba: ‘Este tipo soy yo. Comprendo muy bien lo que ha hecho’”. ¿Qué había hecho? “Un asesinato”, responde Vergès escondiéndose tras una carcajada.

• ¿Ha tenido algún problema moral con el hecho de que un criminal sea liberado por su defensa?

• Si el fiscal es un cretino incapaz de ofrecer buenos argumentos, él es el único responsable de que el criminal quede en la calle. Si en una orquesta, el pianista toca de maravilla pero el violinista es un desastre, ¿cargaremos el muerto al pianista?

Alimenta Vergès su retrato para la historia con escaso pudor. Asume que su altisonancia, sus insultos a media frase y su natural talento para la provocación le dejarán en el recuerdo como el beligerante abogado de terroristas que se pasó por el forro el principio de autoridad, pero poco le preocupa. ¿Tiene alguna preferencia de cómo quedará en el imaginario colectivo? “Como el príncipe mesopotámico que grabó en su tumba Yo, yo y yo. Los imbéciles ven un signo de pretensión, para mí es un síntoma de modestia. Seré yo y nada más”.

 

"REPENSAR LA JUSTICIA SOCIAL" Entrevista a François Dubet por Hector Pavón

Hay un mito que sostiene que para combatir la pobreza, la inequidad y la desigualdad hay que lograr un sistema que genere igualdad de oportunidades para todo el mundo. En esta entrevista, el sociólogo de l'EHESS François Dubet, alerta contra esta “trampa”. De un modo u otro subraya el hecho de que es casi imposible que, en igualdad de condiciones, pobres y ricos logren un mismo objetivo y que genera en consecuencia “una lucha de todos contra todos”. Dubet propone y defiende, por contrapartida, “el modelo de las posiciones” al que se refiere en su libro Repensar la justicia social. Contra el mito de la igualdad de oportunidades y que aquí explica. En este diálogo habla de la situación de desigualdad individual y global de las personas.

Al hablar de la desigualdad, Richard Rorty predecía que una parte de la población nunca iba a comprar un auto ni viajar en avión ni acceder a una casa... ¿Nuestras vidas están predeterminadas desde lo socioeconómico?

Las desigualdades más grandes no están en el interior de los países, sino entre los países. La relación entre el ingreso medio de un francés y el ingreso medio de un angoleño es extrema. Si yo razono sobre la base de una igualdad perfecta en el planeta, Rorty tiene razón. Yo me sitúo en una sociedad que es, con respecto a otras, muy igualitaria. En Francia, la diferencia de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre es de 3 veces y 1/2. Hay sociedades donde esa brecha es de 20 veces. Hay sociedades en las que ni siquiera se puede medir lo que gana un “intocable” de la India, por ejemplo. 

Hablar de la igualdad de oportunidades es como hablar de la utopía de esta época...

Creo que la igualdad de oportunidades se ha ido instalando gradualmente, no diría como utopía, sino como el modelo de justicia espontánea de las sociedades liberales ricas, es decir, sociedades que dicen: en el fondo las desigualdades en sí no son intolerables, o son aceptables, si todos los individuos tienen las mismas oportunidades de acceder a posiciones iguales. Creo que esta utopía, es decir, este modelo, es en el fondo de tipo deportivo. Es decir, la justicia es que las reglas de la competencia son equitativas y bien transparentes. Cuando hace veinte años yo les preguntaba a mis alumnos en Francia, ¿cuáles son las grandes desigualdades sociales en Francia?, decían: los obreros, los patrones, los ricos, los pobres. Y los obreros en términos de desigualdad de posición social como los patrones. Cuando les digo ahora, ¿cuáles son las grandes desigualdades sociales? Me responden: los inmigrantes, las mujeres, los discapacitados. Es decir, personas que no se definen por su posición sino por las discriminaciones que sufren para acceder a las posiciones superiores. Y por eso lo que trato de mostrar es que cambia la representación, la percepción de las desigualdades. Las desigualdades de posición persisten pero se ven menos. Antes, las desigualdades de discriminación estaban pero no se las veía demasiado.

Los inmigrantes tienen un doble desafío: primero deben obtener la ciudadanía y después la posición en la sociedad... 

En Francia hay una gran cantidad de inmigrantes ciudadanos. Se los llama inmigrantes, pero son franceses. O sea que para una gran mayoría la cuestión de la nacionalidad, del documento de identidad, no incide porque son franceses. Pero si en Europa se plantea progresivamente el modelo de las oportunidades es porque las sociedades europeas se convierten en sociedades de inmigración. Y entonces, el problema de los inmigrantes es trepar. Normalmente, el inmigrante llega a la base de una sociedad. Y cuando sube, choca contra la desigualdad de oportunidades, el racismo, la discriminación, la xenofobia y entonces su modelo de justicia es la igualdad de oportunidades. Por eso es que ese modelo tuvo una gran importancia en los Estados Unidos, porque allí fue estructurado por la llegada de los ingleses, italianos, españoles, alemanes, rusos y todos querían la igualdad de oportunidades para trepar. Los europeos privilegiaron la igualdad de posición porque ellos salían de sociedades aristocráticas muy desiguales o sea que su problema era achicar las desigualdades. Los dos modelos son justos, la cuestión que yo planteo es que hay uno que se está debilitando y el otro se está imponiendo.

¿Y en América Latina qué modelo se impone?

Evidentemente el modelo que se impone es el de la igualdad de posiciones y más todavía, el modelo de la integración de los excluidos. ¿Qué la caracteriza? Si tomamos la estructura social de los países de Europa grosso modo es una pelota de rugby: mucha gente en el medio, algunos ricos arriba, algunos pobres abajo. Si tomo el mundo social latinoamericano en su conjunto tengo más bien una pequeña minoría muy rica, un grupito de clase media y después 30, 40, 50% de habitantes que están… desocupados o trabajan en el sector informal, familias descompuestas. Cuando usted vive en una sociedad donde 10, 15, 30% de la gente está “out”, sin salario, fuera de la protección social, la prioridad es –más que reducir las desigualdades– la integración de los que están afuera, yo supongo que todos los latinos lo saben, depende del crecimiento económico y de la voluntad política. Creo que para las mujeres de clase media tener la igualdad de acceso a las profesiones médicas o la igualdad de acceso a la profesión de ingeniero es muy importante pero creo que para la mitad de las mujeres esa cuestión directamente no tiene ningún sentido. Me temo que si alguien en América Latina, para ganar las elecciones, prometiera: voy a permitir a todos los niños de la clase popular tener la misma chance de acceder a la profesión médica que los otros, lo tomarían por loco. Porque probablemente lo que querría la gente es acceder a la medicina, simplemente.

¿Pero qué pasa cuando hay una crisis económica como la de  España? ¿Cómo se plantea allí la igualdad de oportunidades?

Más allá de que usted elija la igualdad de posiciones o la igualdad de oportunidades, el crecimiento económico es favorable a los dos modelos. En particular, para la igualdad de posiciones, el crecimiento es lo que permite hacer redistribución sin debilitar mucho las condiciones de existencia de las categorías más favorecidas. Con crecimiento, los ricos pueden ser generosos sin hacer sacrificios. Al mismo tiempo, podemos decir que la igualdad de oportunidades es más bien un modelo de la crisis económica desde mi punto de vista. Si miro la historia económica europea, los 30 años de mucho crecimiento y pleno empleo –1950 a 1980– todo el mundo eligió el modelo de igualdad de posiciones porque en cierto modo, todos los años se estaba mejor que el año anterior. Pero cuando el empleo escasea, la cuestión del mérito para acceder al empleo pasa a ser muy importante, y la rareza del empleo crea un modelo mucho más competitivo. No sé si conoce ese juego que en Francia llamamos “Las sillas musicales” (juego de la silla).

Si, claro. 

Es decir, aquí hay seis sillas y hay siete jugadores. Si hay igual cantidad de sillas que de jugadores –crecimiento, empleo– en el fondo, la gente va a discutir sobre la calidad de las sillas, de la posición. Pero cuando empieza a haber menos sillas que jugadores, van a discutir sobre la cantidad de oportunidades de encontrar una silla. O sea que no van a hablar tanto de si hay banquetas o sillas, o sillones, van a discutir si todos tienen una misma oportunidad de encontrar un asiento, cualquiera que sea. El modelo de la igualdad de oportunidades es más bien un modelo por el mérito en situaciones de escasez. Por eso no estoy seguro de que las dificultades económicas afecten ese modelo. Pero lo de España es extraordinario. Hay un 20% de desocupación y la sociedad se sostiene, lo cual es increíble.

Periódicamente se sabe de problemas en los suburbios parisinos con marginados que hacen protestas muy fuertes. ¿Quiénes son, qué expresan?

Esa periferia representa un cinco ciento de la población. No es que no sea importante, pero la mitad de la población no vive así. Eran barrios obreros que enfrentaron la crisis industrial. Luego, los obreros se fueron a los barrios de clase media y su lugar fue ocupado por los inmigrantes quienes experimentan los mismos procesos. Los que encuentran la integración, el crecimiento, se van del barrio, los que enfrentan la desocupación se quedan y por lo tanto se produce un fenómeno de empobrecimiento mecánico de esos barrios. Por otra parte, en esos barrios solamente se quedan los residentes más pobres que son reemplazados por los habitantes más pobres y se produce un fenómeno: de la misma forma que en los barrios más ricos la gente es cada vez más rica y se concentra; en los suburbios la gente es cada vez más pobre y se concentra. Cada vez más, esas personas son nuevos inmigrantes, pero a menudo son jóvenes salidos de la inmigración. En el fondo sus revueltas urbanas son su forma de huelga, de decir que la policía los persigue; es su manera de conseguir recursos, no es totalmente irracional. Frente a esa situación está el primer modelo de justicia que consiste en decir: hay que reintegrar esos barrios a la ciudad, hay que reintegrar a esa gente. En cierto modo, hay que romper esos barrios y repartir a la gente y reinsertarla en la sociedad: sería el modelo de la igualdad de posiciones. Pero el modelo que se está imponiendo es el modelo de la igualdad de oportunidades o sea que la política del gobierno francés consiste en decir: si esos jóvenes trabajan bien en la escuela, son buenos, vamos a sacarlos de sus barrios, ponerlos en buenas escuelas y permitirles una igualdad de oportunidades. Yo soy hostil a esa política. Está bien para los individuos porque es justo que un joven al que le iría bien en la escuela pueda irle bien. Pero es injusta para la sociedad. Porque si usted saca de ese barrio a los más activos, los más trabajadores, el barrio se desmorona, se acrecientan las dificultades del barrio y por el otro, usted dice que en el fondo: si esa gente está en esa situación es por ellos mismos, no tenían más que aprovechar su oportunidad. Pienso que la idea de igualdad de oportunidades es justa para los individuos, no para la sociedad. Y la igualdad de posiciones, puede ser injusta para los individuos pero es justa para la sociedad. No se gana en todos los frentes. Y en el caso francés, en cierto modo se renunció a integrar esos barrios. Se ha renunciado a hacerlos entrar en la ciudad y entonces ahora son tratados en términos de igualdad de oportunidades individuales. Lo cual sucedió en gran escala en los EE.UU.. Allí hubo una política muy fuerte de discriminación positiva hacia los negros que crearon en los años 70, 80, 90 una burguesía negra, lo que es realmente muy bueno, pero que degradó totalmente la situación de los ghettos negros americanos, lo que hace que en la actualidad los ghettos negros sean más pobres que hace 30 años porque las elites del mundo negro fueron desplazadas.

En EE.UU., a partir de modelos como Bill Gates o Zuckerberg, que abandonaron la universidad, surgió una tendencia a decir que no es necesario estudiar.  

Son falsos imbéciles.

Se sugiere que el saber informático no viene de la universidad, sin embargo, las elites siguen reproduciéndose en Harvard o Princeton...

En muchos jóvenes hay un verdadero problema sobre la legitimidad de la cultura escolar que ha pasado a ser estrictamente una cultura para ser seleccionada. Gracias a Bill Gates, entre otros, muchos jóvenes pueden decir que tienen un nivel de información sobre el mundo que vale lo que vale y que no es peor que el de la escuela. Si quiero saber lo que pasa, si quiero entender dispongo de una cultura increíble y puedo tener la sensación de que la cultura de la escuela no es muy excitante y las materias lo resultan cada vez menos. Es un fenómeno que se encuentra en todas partes. Como la escuela es cada vez más una máquina para seleccionar y, como en el fondo la única legitimidad de la escuela para todos esos jóvenes es que da títulos que permiten conseguir trabajo, cuando los jóvenes descubren que los títulos que desearían obtener no les van a dar trabajo, dejan de ir. Hoy, existe un fenómeno que es que los títulos son extremadamente útiles, más que nunca, pero al mismo tiempo se descubre que una gran parte de ellos no se obtendrán o que no servirán para nada. Esto se observa cada vez más en Francia, los jóvenes de los barrios de la periferia que queman los autos dicen: tengo título y no tengo trabajo, ¿para qué sirve ir a la escuela? Un estudiante de medicina, ama la medicina, sabe que al final de sus estudios, ganará mucho dinero. Pero un estudiante de ventas, no es seguro que encuentre trabajo, que vaya a ganar dinero. Es una cuestión un poco complicada para la escuela porque, los docentes siempre dicen: los alumnos sólo piensan en la utilidad del título. Y les digo: ¿ustedes darían clase si no les pagaran? Y así descubren que si no les pagaran no darían clase. Son como sus alumnos. Paradoja: cuanto más útiles son los estudios, quienes descubren que los estudios no les resultarán útiles se van. Y eso es algo que se observa en todos los países ricos.

"A PROPOSITO DE LA LEY N° 18019/68 DE CENSURA A LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA" Entrevista a GUILLERMO BORDA por Ernesto Sabato.

                                                               REVISTA EXTRA - AÑO V - Nº 43 - FEBRERO 1969

                                                                               CENSUREMOS LA CENSURA

EXTRA eligió a Ernesto Sabato para que representara a la revista en una de las inquietudes de esta hora: LA CENSURA. Romántico incurable, best-seller, traducido en el mundo (en el bueno y en el malo(sic)), tenía que llevar como portaestandarte un temor nacional nacido en la hora desvelada del proyecto-control-cine, desde la más adusta moral. No fuera ser que con la preocupación por la pornografía, clausuraran el pensamiento. Inauguramos así una modalidad: ir en busca del Poder, del Mito, del Personaje, con los "monstruos sagrados" que detentan la ideología. Seriamente. Como debe ser... La hora que vivimos marca el crepúsculo de "los tocadores de oído".

Es un fantasma así de grande. Se agita y se mete en los corrillos de los cineastas y también de los que piensan -casi resignadamente- que el cine también es un arte. De todos modos el decreto de censura ya se ha puesto en marcha dentro del espíritu de los realizadores, de los productores, de los técnicos que hacen nuestro cine. Y su efecto, no hay ninguna duda, es la parálisis. Porque quién puede comenzar a definir visualmente lo que es indefinible: estilo de vida, moral media, influencia social, respeto a las instituciones. Ernesto Sabato dialogó así con la imagen responsable del decreto, el ministro Guillermo Borda, como intérprete de esa inquietud que crece en oscuridad y miedo.

El ministro Borda fue al encuentro y le estrechó la mano. Ernesto Sabato, tímido, envuelto en las potentes luces del despacho ministerial, arrellanó su físico en el sillón de cuero. Borda le habló de la admiración que sentía hacia él: "Usted es el primer novelista del país y no sólo leí todos sus libros, densos, informados, cálidos de pasión humana, sino que viven en mí con mucha presencia..." Ernesto recibió el impacto. Su exterior pareció ausente. Estaba conmovido. Para romper ese clima, fuimos directamente a producir el encuentro único. Y el diálogo asumió este tono:

Ernesto Sabato: Hay mucha gente en este momento muy preocupada por la reciente ley del cine, en el medio intelectual y artístico del país. Y me voy a permitir hacerme portavoz de las principales inquietudes. Quiero comenzar diciendo que de hecho todos practicamos algún género de censura, desde la que ejercemos en la casa sobre nuestros hijos cuando son chicos respecto a lo que leen, a los amigos que tienen, etc. De modo que no me parece lícito afirmar que estamos contra cualquier género de censura. Lo que se trata de ver es qué tipo de censura puede y debe aplicarse en la sociedad. Y quién. Quiero decir que el cine es una forma de narración, aunque sea más espectacular. De modo que si se dicta una ley para el cine lo lógico sería dictar otra para la literatura. Pero leyendo el texto de esta ley se advierte que de aplicarse en forma sistemática y rígida será imposible la publicación de las obras más importantes de la literatura universal. Los grandes libros, o la mayor parte de ellos, han sido temas peligrosos, muy arduos, hasta muy negros: el incesto, el adulterio, el parricidio. No voy a recordar el caso célebre de "Madame Bovary", que fue precisamente tema de tribunales y que la historia juzgó de modo opuesto a aquellas acusaciones. Pero diré que de aplicarse rigurosa y coherentemente una ley semejante a ésta del cine no podría permitirse la mayor parte de las obras de Shakespeare (salvo alguna de sus obras divertidas), la obra de Dostoievsky, todos los trágicos griegos, las obras de Faulkner y de Proust. "Jude el Oscuro" de Thomas Hardy, y, lo que resulta más curioso buena parte de La Biblia. Tampoco se podría publicar la obra de los más grandes novelistas católicos de nuestro tiempo: ni Graham Grene, ni Mauriac, dos escritores que admiro en sus mejores creaciones. Aparte de esto, que ya de por sí sería terrible, queda todavía algo importante que es la censura "a priori". Los grandes directores como usted sabe, Ministro, parten de un libro o guión muy precario y lo van desarrollando a medida que filman, de acuerdo con su inspiración, con las posibilidades de los actores que tiene a su disposición, según las nuevas sugerencias que el mismo desarrollo provoca. Ese es el sistema de un Fellini, por ejemplo. De aplicarse ese criterio impediríamos en nuestro país la aparición de creadores de ese rango. Por otra parte, en una obra de arte lo que importa no es el esquema, el "argumento" entre comillas, que puede ser una tontería o una trivialidad. Recuerde que Shakespeare realizó algunas de sus obras más grandes sobre la base de cuentitos de escritores de tercer o cuarto orden del renacimiento. Así que si juzgamos o impedimos una película sobre la base del esquema, ¿no estaremos impidiendo la realización de alguna obra excepcional? El estado tiene otros recursos para impedir que un film llegue a un público que no sea el más adecuado. El sistema anterior, de la calificación por edades es bastante bueno, aparte de ser necesario, pues es evidente que un chico no puede ni debe ver ciertos films que sólo personas espiritualmente desarrolladas pueden ver sin peligro. Que yo sepa esta ley no existe en ningún país importante. En EE.UU., por ejemplo, el sistema es muy diferente, es el sistema de calificación parecido al que teníamos. Y además la Justicia está para que en última instancia determine si ha habido delito. Una ley como ésta destruiría la industria cinematográfica. Y no sólo la industria como organización técnica y comercial, que no sería lo peor, sino la capacidad creadora de los artistas. Sin ánimo de querer hacer una paradoja, pienso que una censura como ésta que ahora se ha establecido sólo puede encontrase en Rusia y en la China de Mao. Y no debe asombrar. Siempre los estados fuertes (desde la utópica República de Platón para adelante) han considerado como sospechoso y pernicioso al artista. El artista es siempre un poco un fuera de la ley. Si usted ha leído el librito de aforismos de Mao habrá observado que lo que dice sobre el arte es terrible y demoledor, pues sólo queda el arte de propaganda. Lo mismo sucedía en la Rusia de Stalin. Prácticamente no se podía escribir ni pintar. Con motivo del terrible y trágico acontecimiento en Checolosvaquia observé que uno de los argumentos esgrimidos por la prensa soviética fue la corrupción que había ganado el cine checo, uno de los cines más importantes de nuestro tiempo. Le repito, Ministro, que no estoy hipócritamente contra cualquier tipo de censura, sino contra una censura que pone en peligro la libertad del auténtico creador. No hay una libertad absoluta del hombre, puesto que el hombre es un ser comunitario. Vivir es con-vivir. Y todos estamos obligados a coexistir de acuerdo con ciertas normas de respeto mutuo de consideración hacia la persona de cada uno.

Guillermo Borda: Yo coincido con todas su preocupaciones. Quiero marcarle, sin embargo, que existe una diferencia muy notable entre los distintos medios de expresión artística. La literatura propiamente dicha, el cine, el teatro, la televisión. Hay algunos que por su vivacidad y su forma tiene mayor influencias que otros sobre el espectador. Así el cine y la televisión no influyen como la literatura. Por otra parte hay expresiones artísticas masivas que, por serlo, tiene una influencia social enorme, como no la tiene el teatro, por ejemplo; y yo creo que los censores en el teatro deben ser mucho más amplios que los que censuran una obra cinematográfica. Por otra parte hay que diferenciar entre lo que es una obra de arte y lo que es pornografía y vulgaridad hechas con sentido comercial. La obra artística exige al artista realismo y audacia y eso es lo que hay que resguardar porque, si no, se corre el riesgo de perder la expresión artística en un país determinado, lo que sería grave. Pero, repito, una cosa es el arte y otra el comercio con la pornografía; creo que esto último es lo que hay que atacar. Particularmente cuando esa pornografía no tiene influencia solamente en el adolescente sino en todo hombre, sea adulto o no. Porque el problema no hay que verlo solamente en la relación espectador-obra cinematográfica. Si usted lo ve así indudablemente tiene que estar contra la censura. Porque, ¿quién le puede negar a un hombre libre el derecho de ver lo que se le ocurre ver? Pero el problema no se plantea en esos términos: se plantea en términos sociales, en términos de la influencia de esa expresión -llamémosle artística aunque muchas veces estén lejos de serlo- sobre la sociedad, sobre las masas. Yo creo que la moral media -o, por lo menos ciertas expresiones de ella- ha descendido en el mundo entero y también en nuestro país, aunque no en la medida que en otros países. Y creo que lo que pueda proteger nuestro estilo de vida, nuestra concepción tradicional de la moral, es importante para el futuro de los argentinos. Este es el sentido que tiene este instrumento un poco más ágil, más apto que el anterior para realizar un efectivo contralor de los espectáculos cinematográficos. He visto en privado una película sueca, "Suecia paraíso o infierno", que da una visión de Suecia que no sé si será exagerada o no, pero que produce una sensación de repulsión en el espectador a tal punto que me parece que es positiva la reacción que provoca en el hombre normal lo que allí se muestra. No obstante es tan descarnado, tan horroroso, que realmente no sé si será positivo permitir que eso se exhiba.

Sabato: Usted se refería a la pornografía, pero hay otras cosas en la ley que tienen que ver con problemas ideológicos, con instituciones del Estado. Recuerdo en este momento films norteamericanos como "Cómo aprendí a no preocuparme y amar la bomba", donde se satirizan ciertas organizaciones burocráticas del ejército norteamericano que, eventualmente, pueden hacer correr el riesgo de desencadenar una guerra atómica. Cosas como ésas podrían ser consideradas como ataques a las Fuerzas Armadas. Una película como "Reflejos en tus ojos dorados", donde hay un oficial que es homosexual, y no se tratan de obras menores. Los norteamericanos han tenido siempre una gran honradez en atacar sus propios males. Yo veo también en televisión la serie "Los corruptores", donde se dicen cosas terribles de instituciones norteamericanas, hasta de la propia justicia. Esos son hechos muy sanos, son obras que no están hechas con motivos ni con intenciones subalternas. Por el contrario, son obras moralizadoras. ¿Dónde está el límite? Fíjese que el simple examen de los libretos de esas obras podría hacer pensar que van a destruir o poner en tela de juicio instituciones básicas de la nación. Una ley como esa es peligrosísima desde ese punto de vista.

Borda: A eso sólo puedo responderle con la afirmación de que todo, todo este sistema depende de la forma en que sea aplicado. Si hay prudencia en los hombres que tengan la responsabilidad de ejercer el contralor cinematográfico, no va a haber ningún problema. Yo quiero darle la seguridad de que no se va a actuar con criterio riguroso, por lo contrario, lo que se quiere es asegurar un mínimo de respeto por las instituciones esenciales o por la moral media. Creo que usted ha tocado un punto importante y me parece que la única manera de desvirtuar esos temores será aplicando la ley.

Sabato: Usted ha dicho algo cierto: el cine tiene una potencia, una vivacidad para las grandes masas que no tiene la literatura. Y la televisión todavía más porque se da cotidianamente en todas las casas y no hay control de la edad posible. Por eso pienso que la solución óptima para la TV es de Francia y Estados Unidos, con una televisión estatal que impida ciertos extremos de la televisión privada, movida exclusivamente o casi por razones de dinero. Pero, dicho esto, debo agregar que el cine tiene una potencia masiva mayor que la literatura pero en cambio tiene la ventaja de poder ser calificado por edades, cosa que no sucede con los libros. Vaya usted a cualquier kiosco, aquí no, y podrá ver cantidades industriales de novelas tremendas, del tipo de Mike Spillane, ese sadismo sexual que puede destruir el espíritu de cualquier chiquilín y que no tiene ningún obstáculo para su obtención. No se trata de ninguna literatura trascendente, de grandes autores, sino simple bazofia. Que sin embargo se difunde por motivos crudamente comerciales. Ya ve que eso es más peligroso que el cine. Es una verdadera dinamita de la peor especie contra el espíritu.

Borda: Vamos a ir. Vamos a hacer ese tipo de vigilancia. Yo coincido con usted. Ahí tengo una colección de revistas realmente terribles. Tengo unas revistas italianas de una pornografía inaudita. Creo, como usted, que son peligrosas. Pero fíjese que hay una diferencia muy importante: cuando una persona compra una revista de éste tipo, la lee él, la lleva a su escritorio, la deja en el cajón y después la tira. Pero no está en el hogar, como está la televisión a todas horas o como el cine que es la expansión normal de todas las clases sociales. Pero no creo que lleven el mismo peligro. Aunque creo, sí, que hay que combatirlas, y estamos en eso.

Sabato: Temo que si esta ley se aplica mal va a aniquilar del todo al cine argentino que, por otra parte, ya está en una situación crítica. ¿Qué pasa si un director -sobre todo desconocido- lleva un guión en el que se pueda interpretar que atenta contra las instituciones del Estado y se lo rechazan? ¿Cómo se sabe que ese hombre no va a hacer un día una gran película con ese guión? Se puede terminar con los pocos restos de cine de hoy, se va a matar la creación cinematográfica si se aplica la ley en forma rigurosa.

Borda: Le repito que la única respuesta a esa inquietud es el funcionamiento de la ley. El mismo va a demostrar el espíritu con que la ley ha sido hecha. No hay ningún propósito de limitar la creación artística en el campo del cine, pues me parece que sería realmente criminal hacerlo.

Sabato: Bueno, espero que sea así. ¿Y los nombres de quiénes van a integrar las comisiones, que ese es el problema en última instancia, por la mentalidad y la interpretación de la ley?

Borda: No se los puedo decir porque no se los he sometido al presidente, aunque los tengo elegidos.

Sabato: ¿Pero la tendencia en la elección, no será la de "cazadores de brujas"?

Borda: NO, POR SUPUESTO

Bernardo Neustadt: Y bien, Sabato, ¿qué impresión ha extraído de este encuentro?

Sabato: En primer término, debo decirle que me ha impresionado magníficamente que el Ministro del Interior haya aceptado esa iniciativa suya de mantener un diálogo con un escritor que evidentemente iba a hacerle una serie de preguntas y consideraciones nada cómodas. Eso debe señalarse como elogio y sin reticencias. Ahora bien, lamento que hayamos hablado durante veinte minutos sobre asuntos literarios que no tenían que ver con el tema pues eso nos quitó tiempo para un desarrollo más a fondo del diálogo sobre la censura. El Ministro se refirió largamente al tema de la pornografía en muchos de cuyos aspectos estamos de acuerdo. Y en cambio no me respondió a la pregunta y a las preocupaciones sobre los aspectos ideológicos de la ley. Desde luego, ya había transcurrido casi una hora y había una cantidad de gente que esperaba por el Dr. Borda. Es una lástima. Pienso que habría sido de enorme importancia escuchar su opinión sobre el caso de los films norteamericanos que atacan duramente al Ejército o a la Magistratura. También habría sido interesante considerar la situación del creador cinematográfico con respecto a las instituciones de la familia y de la patria, temas particularmente peligrosos para ser considerados por una comisión de censores. En fin, de todos modos pienso que el encuentro es positivo, ya que al menos contamos con una palabra del Ministro sobre la caza de brujas y la estrechez mental de los censores. Ojalá la práctica mitigue los extremos de una ley tan peligrosa.

Bernardo Neustadt

"FUNDAMENTOS. LA PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL." por Plataforma 2012

Septiembre de 2012

 

 

Para abordar la cuestión Constitucional el presente documento de Plataforma 2012 propone reflexionar sobre cuatro áreas fundamentales que pueden ser resumidas en las siguientes proposiciones:

I- El principal problema constitucional que hoy enfrenta el país no se relaciona con lo que la Constitución incluye u omite incluir en su texto, sino con las violaciones a derechos fundamentales que sufre día a día nuestro pueblo, con las acciones que el actual gobierno ha llevado adelante para desvirtuar la Constitución, y las omisiones en que ha incurrido, impidiendo cumplirla.

II- La Constitución vigente ya incluye la mayoría de las reformas que el gobierno demanda.

III- La Constitución vigente no es ni ha sido un freno a políticas reformistas.

IV- Existen razones para cambiar la matriz del modelo constitucional que tenemos, pero en una dirección muy diferente a la propuesta por el gobierno.

Veamos cada una de estas proposiciones:

I. El principal problema constitucional que hoy enfrenta el país no se relaciona con lo que la Constitución incluye u omite incluir en su texto, sino con las violaciones a derechos fundamentales que sufre día a día nuestro pueblo, con las acciones que el actual gobierno ha llevado adelante para desvirtuar la Constitución, y las omisiones en que ha incurrido, impidiendo cumplirla.

Cuando uno presta atención a las razones que invoca el oficialismo a favor de una reforma constitucional, advierte que en realidad los problemas que se señalan no encuentran su fuente en la Constitución, sino en indebidas acciones y omisiones constitucionales del gobierno. Dichas acciones y omisiones son numerosas, y tan preocupantes como llamativas, sobre todo teniendo en cuenta la amplia mayoría legislativa con la que cuenta el oficialismo -una mayoría que le permitiría remediar prontamente algunos de los problemas jurídicos que hoy se enfrentan y que no justifican una reforma constitucional. Para ilustrar lo dicho, tomemos algunos casos relevantes.

En primer lugar, ¿es necesaria una reforma constitucional para incorporar a la Constitución elementos de protección del ambiente, necesarios para estar a la altura de los tiempos? En realidad, la Constitución ya incluye múltiples e interesantes referencias relacionadas con la protección del ambiente, su preservación, su utilización racional, el respeto del patrimonio natural y cultural y de diversidad biológica, a través de normas que son obligatorias tanto para la Nación como las provincias (especialmente, art. 41 CN). No. Las violaciones a los derechos del ambiente, que hoy padecemos, se vinculan con acciones que hoy se llevan a cabo, en violación (y no por requerimiento) de la Constitución. Y, en relación con lo anterior, ¿qué decir del argumento que sugiere la necesidad de una reforma constitucional para promover los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo en cuestiones relacionadas con el ambiente y el territorio en el que viven? Tampoco es un argumento relevante. El texto fundamental, por ejemplo, ya hace referencias directas a la participación de los pueblos indígenas en “la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten” (art. 75 inc. 17 CN). Ocurre, en todo caso, que a pesar de las exigencias constitucionales, el gobierno se ha negado a dictar leyes más protectoras de las comunidades indígenas, a la vez que ha violentado sistemáticamente los derechos territoriales de los pueblos originarios, que no han sido consultados -como era obligatorio hacerlo, de acuerdo con la Constitución- cada vez que se decidió explotar los recursos que se sitúan en sus territorios.

Cabe agregar, por lo demás, que el oficialismo tampoco se ha animado a iniciar otros debates orientados a consolidar el carácter colectivo de los derechos, o a afirmar la interdependencia de los derechos, o a establecer nuevos paradigmas bajo los cuales no puedan realizarse interpretaciones y aplicaciones desarrollistas o economicistas de los derechos ya reconocidos. Discusiones con esta profundidad y sentido se han dado en otros países latinoamericanos en la última década (en países como Bolivia o Ecuador), al momento de pensar sus nuevas constituciones (incluyendo referencias a otras democracias, como la comunitaria y la participativa; o al derecho a proteger y conservar los bienes comunes, entre otros).

Un ejemplo particularmente ilustrativo de la política del gobierno en la materia (que evidencia su permanente doble discurso), se advierte en el actual proceso de reforma del Código Civil. A pesar de lo que exige la Constitución al respecto, y en contra además de lo establecido por el Convenio 169 de la OIT, y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el gobierno se ha empeñado en aprobar el Código Civil sin implementar los mecanismos de consulta contemplados en la normativa señalada. Más específicamente, el nuevo Código Civil propuesto por el oficialismo viola gravemente los derechos de los pueblos originarios ya protegidos jurídicamente, al querer someter la propiedad comunitaria al régimen tradicional y conservador del derecho privado. Y la violación no es sólo sustantiva (como en el caso señalado), sino además procedimental, ya que no se ha hecho un proceso de consulta previa con los pueblos indígenas afectados. Lo ocurrido no sólo resulta ofensivo respecto de los derechos de tales minorías étnicas y culturales (que el gobierno reivindica en las palabras pero agrede y excluye en los hechos), sino que además amenaza con convertir en inconstitucional a la propia reforma del Código Civil.

Más en general, podríamos decir que es el gobierno y no la Constitución quien viene impidiendo la puesta en marcha de mecanismos favorables a la participación política de la ciudadanía. De hecho, la Constitución ya contiene algunos mecanismos de avanzada para promoverla. Ello así, por ejemplo, a través de sus arts. 39 –referido a la iniciativa popular- y 40 –referido a la consulta popular. Sin embargo, si instituciones tales no se han puesto en marcha todavía, ello se debe, en parte, al hecho de que el gobierno desalienta la participación política de la ciudadanía (salvo aquella dirigida a aclamar lo que la elite gobernante ya ha decidido), y en parte al hecho de que la legislación necesaria para activar tales mecanismos (legislación elaborada en las últimas décadas pero aún no modificada), se ha dirigido a obstaculizar el funcionamiento de los instrumentos participativos dispuestos en la Constitución (un hecho que se ve ratificado por la pobre práctica que ha seguido a la legislación anterior).

En efecto, ambas instituciones –la iniciativa ciudadana y la consulta popular- han sido objeto de reglamentaciones legislativas fuertemente restrictivas. La Ley 24.747, de 1996, estableció requisitos exigentes en términos de las firmas que deben juntarse para poder motorizar una iniciativa (1, 5% del padrón); la proveniencia de las mismas (seis provincias diferentes); y las condiciones que debe reunir el grupo promotor para financiar la operación. Todo ello agravado por la decisión de permitirle al Congreso que no trate la iniciativa, en caso de no tener la voluntad de hacerlo (ello, frente a otras alternativas posibles, como la de someter la iniciativa a una consulta popular vinculante, por ejemplo). Es decir, fue el Congreso el que decidió degradar la voluntad de la Constitución, dificultando la puesta en marcha de la institución constitucional de la iniciativa popular, y desincentivando en definitiva su realización.

Algo similar puede decirse en relación con la consulta popular. La misma fue reglamentada a través de la Ley 25.432, del 2001, que volvió a poner trabas al desarrollo de tal medio de participación cívica. Así, por caso, exigiendo –contra lo que resulta ya parte del sentido común en la materia- que la consulta no coincida con ningún otro acto eleccionario, lo que implica elevar enormemente los costos de la realización de la misma.

De manera similar, la Constitución incluye cláusulas vinculadas con la necesidad de asegurar la participación del pueblo en la justicia, a través del juicio por jurados (art. 24 CN) –una institución propia de la Constitución histórica de 1853, que la política ha decidido no implementar desde hace casi dos siglos.

Otra reforma institucional necesaria, que la Constitución avala pero el gobierno bloquea, se relaciona con los mecanismos destinados a prevenir y erradicar la tortura. Al respecto, convendría destacar la negativa del actual gobierno a dar sanción plena al Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, que ya cuenta con media sanción de parte de la Cámara de Diputados desde el 2011. Esta particular omisión del gobierno resulta especialmente sorprendente a la luz del informe 2012 del Comité Provincial de la Memoria, que informa que en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires aumentaron las torturas, las muertes violentas (en un 30 % respecto de 2010), y los hechos violentos informados (un 31% en relación con el mismo año).

Por lo demás, ¿podría decirse que es necesaria una reforma constitucional para garantizar la transparencia de los actos administrativos y mejorar el acceso a la información de la población? No. Por el contrario, aquí también se advierten fallas graves en relación con la política constitucional del gobierno, que contrastan –otra vez- con una Constitución clara, que consagra en su art. 38 garantías para la difusión de ideas políticas y acceso a la información pública. Lamentablemente, tales compromisos constitucionales resultan denigrados en la práctica gubernamental, de varias maneras. Ante todo, el gobierno se ha negado a dictar una ley de acceso a la información pública. Mucho peor que eso, este gobierno es el principal responsable de un gravísimo proceso de negación de información pública y distorsión de cifras relevantes, como pocas veces ha sufrido la Argentina en su historia democrática. Por ello, recientemente, la Argentina ha sido denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los graves retrocesos que se han producido en el área. Como sostuvieran entonces representantes de la Asociación de Derechos Civiles frente a la CIDH, “al no haber una autoridad central promoviendo políticas de transparencia, la información de oficio disponible para los ciudadanos varía de acuerdo a las prácticas de distintas dependencias que no coordinan esfuerzos ni comparten estándares”. Dichos retrocesos se extreman debido a la ausencia de una autoridad de aplicación independiente; por la sistemática negativa de organismos públicos (como la Inspección General de Justicia o la Auditoría General de la Nación) a suministrar datos públicos; por la persecución y sanción a quienes ofrecen información pública que difiere de la que ofrece el gobierno; y por la destrucción del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Ello provoca que hoy carezcamos de cifras públicas confiables en relación con temas vitales para la producción racional de políticas pública, como los relacionados con los índices de inflación, pobreza, desigualdad o indigencia.

Por todo lo expuesto, podemos concluir que es el gobierno el que no respeta derechos ya consagrados, y no cumple con normas que favorecerían claramente a la población y sobre todo a grupos marginados de la misma. Más que reformar la Constitución por ser conservadora, el gobierno debería cumplir con los mandatos de una Constitución que es más progresista que sus políticas.

II. La Constitución ya incluye la mayoría de las reformas que el oficialismo demanda.

A veces de modo implícito, otras de modo explícito, la Constitución incorpora ya la mayoría de los cambios que hoy el oficialismo propone para reformarla.

En primer lugar, la Constitución Nacional, como la mayoría de las constituciones del mundo, apela (sobre todo en el Preámbulo y en la sección referida a los derechos) a un lenguaje abstracto, a la vez que se compromete con principios generales (como los de libertad e igualdad), destinado a hacer posible un texto que pueda ser suscripto desde concepciones diferentes, y que a la vez pueda perdurar en el tiempo. La idea constitucional es, justamente, la de tornar innecesaria una modificación en el texto vigente frente a cada nuevo matiz o variación que aparezca a partir de los desarrollos que vayan teniendo ideales como los de libertad e igualdad.

En segundo lugar, y en apoyo de lo anterior, el art. 33 CN deja en claro que los derechos y garantías no enumerados explícitamente por el texto constitucional no deben entenderse como negación de los derechos no enumerados explícitamente en el texto de la misma.

En tercer lugar, la Constitución argentina se encuentra entre las más completas que se conocen, en materia de derechos. Más aún, ella ha otorgado jerarquía constitucional a más de una decena de tratados de derechos humanos (incluyendo a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; al Pacto de San José de Costa Rica; a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; o a la Convención sobre los Derechos del Niño; o la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, entre otros), en una decisión plenamente innovadora dentro de la región. Dicha robustez constitucional en materia de derechos pone en duda que la misma pueda ser fácilmente descripta como “de carácter neoliberal.” Por otro lado –y tal como señalara el actual Presidente de la Corte Suprema- tal robustez constitucional no deja demasiado espacio para la incorporación de nuevos derechos, que no se encuentren ya formando parte integral de la misma.^[1]

En cuarto lugar, el artículo 75 inc. 22 de la Constitución, referido a la incorporación de tratados sobre derechos humanos, permite la reforma de la Constitución por medios diferentes al procedimiento tradicional establecido en el art. 30 CN. Dicha modificación puede darse a través de la aprobación por parte del Congreso, de tratados internacionales en la materia. De ese modo, se prevé que el país pueda actualizar su sistema jurídico, y no quede al margen de los avances en materia de derechos humanos que son objeto de consensos extendidos a nivel internacional (una actualización que ya ha ocurrido por lo menos dos veces desde el dictado de la Constitución de 1994).

III. La Constitución no es ni ha sido un freno a políticas reformistas

Por razones como las antedichas, referidas al lenguaje abstracto de la Constitución; a su explícito compromiso con reformas igualitarias; a su explícita vocación inclusiva hacia grupos tradicionalmente marginados; o a su toma de partido por los derechos de los consumidores y usuarios frente a las pretensiones del puro mercado; la Constitución actual no puede verse de ningún modo como un obstáculo para avanzar en reformas legales contrarias a políticas “neoliberales” del tipo de las que marcaron al país desde la década de los 90. De todos modos, resulta especialmente importante reafirmar esta idea, dado que algunos grupos han invocado esta excusa como razón fundamental para propiciar una reforma de la Constitución.

La mejor prueba de que la Constitución no obstaculiza la introducción de reformas económicas puede encontrarse en el hecho de que en los últimos años se adoptaron una diversidad de medidas que el gobierno reivindica enfáticamente, y que no encontraron el mínimo obstáculo constitucional para su aprobación: desde el decreto que instaló la Asignación Universal por Hijo, hasta la modificación de la carta orgánica del Banco Central, la estatización de las AFJP o la “expropiación” de YPF promovidas desde el Congreso.^[2]

Es decir, en estos últimos años se pudieron poner en marcha una serie de medidas económicas nuevas con completa anuencia constitucional, y si no se adoptaron más o mejores medidas al respecto, ello de ningún modo puede atribuirse a la estructura constitucional vigente.^[3]

Más allá de lo señalado, muchos de nosotros propiciamos una relación distinta entre la Constitución y la economía. En este aspecto, nuevamente, nuestra posición difiere de la que ha sido propiciada desde el oficialismo. Para algunos de los que simpatizan con el gobierno, resulta necesario utilizar la Constitución para construir un muro o “barrera antineoliberal.” Sin embargo, si el muro antineoliberal en el que están pensando tuviera que ser capaz de amparar las bases de la política económica de estos últimos diez años –una política que ha implicado, sistemáticamente, la concentración y extranjerización de la economía a niveles inéditos, índices históricos de desigualdad, la explotación abusiva e inconsulta de los bienes naturales, o niveles extraordinarios de trabajo precario y en negro- nos encontraríamos con un “muro antineoliberal” con filtraciones y grietas portentosas –un resultado que nos invitaría a proponer, otra vez, una construcción constitucional muy diferente a la que en los hechos propone el gobierno.

Lo anterior nos remite al mito principal que propicia la coalición gobernante, es decir, el mito según el cual sus políticas promueven una transformación social a favor de los sectores populares. Desde aquí rechazamos la idea de que esa transformación social se haya dado o se esté produciendo. Más aún, señalamos que las principales reformas institucionales promovidas por el gobierno hasta el momento, no sólo contradicen la vocación reformista (favorable a una política de la “transversalidad”) alegada por el oficialismo años atrás, en los comienzos de su gobierno; sino que además muestran al mismo como un actor desleal hacia los sectores no oficialistas, y en particular hacia los partidos minoritarios.^[4]

IV. Existen razones para cambiar la matriz del modelo constitucional que tenemos, pero en una dirección muy diferente a la propuesta por el gobierno.

Muchos de los miembros de Plataforma consideramos que podría resultar valioso cambiar la matriz que organiza la Constitución. Sin embargo, entendemos que dicha reforma sería en algunas ocasiones distinta, y en otras directamente contraria a la sugerida o propuesta por la coalición gobernante y sus defensores. Si tomamos en cuenta, por caso, todo lo que han dicho los voceros del gobierno sobre el tema de la reforma constitucional, nos encontramos con que sus propuestas se relacionan persistentemente con la reforma en la sección dogmática de la Constitución, es decir, la referida a los derechos incorporados en la Constitución (la coalición gobernante reniega, por caso, de un cambio hacia un sistema parlamentario como el que propone uno de los miembros de la Corte Suprema Argentina, afín al gobierno). Muchos de nosotros, en cambio, cuando pensamos en la reforma, concentramos nuestra atención en la sección orgánica de la Constitución, esto, es la dedicada a la organización del poder. Ello así, a partir de preocupaciones que resultan contradictorias con las que aparecen como propias del gobierno.

En efecto, muchos de los integrantes de Plataforma rechazamos el aspecto más conservador de la Constitución, relacionado con la concentración del poder político en el Ejecutivo. Dicho sistema de concentración de la autoridad se acompaña en nuestra práctica (como suele ocurrir en estos casos) con dos agregados preocupantes, que representan derivados propios del modelo presidencialista extremo, hoy vigente: por un lado, la erosión (en la actualidad, un directo vaciamiento) del sistema constitucional de frenos y contrapesos (valioso, al menos, como primera estrategia destinada a evitar la concentración del poder en cualquiera de las ramas de gobierno); y por otro, bajos niveles de participación popular. Éste ha sido, sin dudas, el modelo de organización del poder que el oficialismo ha usufructuado y extremado en todos estos años –un modelo que se corresponde con una práctica política elitista del gobierno, que cultiva la adulación de sus simpatizantes, y se muestra arrogante y agresivo con quienes lo critican.

La re-reelección presidencial –como tantas veces, la verdad no dicha de la iniciativa a favor de la reforma constitucional- solamente extrema el costado más conservador de la Constitución. Se trata de la misma iniciativa que utilizó históricamente el conservadurismo (incluyendo, arquetípicamente, al gobierno de Menem), con el declarado objeto de “transformar” a la sociedad, basada finalmente en la incapacidad que atribuye a la ciudadanía para tomar las riendas de la política en sus propias manos, y en la tradicional desconfianza elitista frente al pueblo como responsable de su propio destino. Para el conservadurismo, el destino de una Nación depende siempre de una figura salvadora, y no de la voluntad soberana y democrática del pueblo, puesto de pie como sujeto emancipado, capacitado para actuar por sí mismo, e independiente de tutores y guías providenciales.

Finalmente, una Constitución más igualitaria y democrática, como la que muchos de los miembros de Plataforma defendemos, procuraría revertir la matriz de organización conservadora del poder que el constitucionalismo oficialista ha propiciado durante casi una década. Para esta mirada igualitaria sobre el derecho, la parte orgánica de la Constitución debería ser reemplazada por otra que articule un sistema institucional asambleario y participativo; que asegura la decisión y el control ciudadanos sobre los asuntos públicos. Esto es decir, pensamos en un sistema de gobierno contradictorio con el verticalismo, la falta de controles, y la baja intensidad participativa que el oficialismo ha exigido para consolidarse. En definitiva, consideramos que la ciudadanía debe poder tomar a su cargo la organización del poder definida en la Constitución, que hoy se deja bajo la custodia de los servidores del poder. Más específicamente, consideramos que dicha reforma sobre la organización del poder debe orientarse en una dirección precisa: la de democratizar el poder constitucional, en lugar de seguir concentrándolo para el usufructo de unos pocos que actúan para su propio beneficio pero bajo el nombre impropio de todos.

De este modo, tornaríamos más consistente la sección constitucional referida a los derechos, que se ha ido “democratizando” (luego de haber estado al servicio de la limitación de los derechos políticos), con la referida a la organización del poder, que continúa trabajando a favor de una institucionalidad política jerárquica y poco democratizada, y que considera al voto periódico como exclusiva forma real de la participación política.

La perspectiva democrática que reivindicamos no consiste en fantochadas leguleyas como las que hoy la coalición gobernante alega para esconder su propósito reeleccionista, sino en la recuperación del pueblo como sujeto emancipado, no dependiente de nadie y responsable de las decisiones que por sí mismo toma.

Firmantes:

Osvaldo. J. Acerbo, Raúl Albanece, Graciela B. Alonso, César Altamira, Mirta Antonelli, Omar Arach, Adriana Armanino, Diego Hernán Armesto, Abel Ayala, Jonatan Baldiviezo, Pedro Antonio Barbagelata, Alberto Barbeito, Liliana Barletta, Santiago Bauer, Enrique Bernis, Aníbal G. Bibiloni, Héctor Bidonde, Mario Raúl Bordón, Jorge Brega, José Emilio Burucúa, Pablo Esteban Cabo, Alberto Campos Carlés, Ana Candioti, Ricardo Domingo Cantore, Marcela Car, María Emilia Carabelli, Martín Casalongue, Aldo Castagnari, Ana María Cecchini, Antonio Célico, Juan Antonio Córdoba, Nora Correas, Bibiana Apolonia del Brutto, Blanca Dieguez, Gaia Dimitriu, Diana Dowek, Diego Martín Durán, Lucila Edelman, David Encina, Federico Esswein, Juan Eduardo Fentanes, Cristian Hernán Fernández, Carlos Figueroa, Ana Flores, Carlos Maria Freire, Mario Galvano, Paula Gandino, Juan García Gayo, Stella Maris García, Roberto Gargarella, Adriana Genta, Elsa Beatriz Gil, Facundo Giuliano, Analía González, Eliana González, Alejandro Haimovich, Liliana Helman, Germán Hernandez Araguna, Eduardo Iglesias Brickles, Alicia Jardel, Alejandro Katz, Mario Kiektik, Leandro Klink, Diana Kordon, Gabriel Kordon, María Laura Kufalescis, María Dulce Kugler, Silvana Inés Lado, Darío Lagos, Christian Lange, Alba Lanzillotto, Ruben Laporte, Gustavo Lattarulo, Gabriel Levinas, Javier Lindenboim, Alicia Lissidini, Rubén Lo Vuolo, Andrea Lopetegui, Julián López, María Inés Luchetti, Isabel Lucioni, Francisco Martini, Gabriela Massuh, María Carolina Mauri, Horacio Medrano, Francisco Menéndez, Carlos Micucci, Horacio Micucci, Juan Domingo Miranda, Carlos F. Mosquera, Carlos E. Moya, Nora Moyano, Juan Pablo Mugnolo, Marta Muhlrad, José Onaindia, Ana Pagano, Nora Paladino, Vanina Papalini, Carlos Penelas, María Rosa Pfeiffer, Alberto Pinus, Dolores Plana, Marcelo Plana, Roberto Pozzo, Luis A. Quesada Allué,Sergio E. Quintero, Daniel Rodriguez, Mabel Ruggiero, Alfredo Saavedra, Horacio Safons, Liliana Saguin, Silvio Saks, Sergio Salvatore, Agustín Salvia, Alicia E. Sánchez, Norma E. Sánchez, Ana Sarchione, Sebastián Sayago, Mónica Scandizzo, Alejandro Schweitzer, Diego Seguí, Claudio Simiz, Pablo Stefanoni, Carlos abel Suárez, Teresa Suarez, Maristella Svampa, Pablo Tassart, Nicolás Tauber Sanz, Osvaldo Tcherkaski, Jaco Tieffenberg, Sergio Torrado, Enrique Viale, Franco Vico, Susana Vior, Walter Walker, Dennis Weisbrot, Bernardino Zaffrani, Patricia Zangaro, Juan Zanoni, Horacio Miguel Hernán Zapata, Maximiliano Zwenger,

Para adherir: plataforma.2012@yahoo.com.ar

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[1] Por citar sólo un caso, el “derecho a la salud,” invocado por algunos como “faltante” en la Constitución, se encuentra recogido ya en el PIDESC, un tratado internacional con jerarquía constitucional.

[2] En sentido similar, el “matrimonio igualitario”, convertido en ley recientemente, fue defendido en los debates legislativos en nombre de la Constitución, y no a pesar de ella.

[3] Por lo demás, cabría recordar que algunas de las cláusulas constitucionales que hoy se describen como “neoliberales” –típicamente, la referida a la propiedad de recursos naturales por parte de las provincias- son hijas directas de la intervención de la actual Presidenta y su marido en la Convención Constituyente.

[4] Por otro lado, las pocas reformas institucionales en las que se ha involucrado la coalición gobernante, han sido reformas destinadas a servirse a sí mismo, expandiendo su propio poder y limitando el de los grupos que le son contrarios –reformas que, por ello mismo, deberían considerarse como contrarias a la Constitución. La reforma del Consejo de la Magistratura, por caso, ha venido a desafiar el propio equilibrio propuesto por la Constitución, y a favorecer la influencia del Ejecutivo en el poder sobre el Consejo existente. Del mismo modo, la reforma a la Ley de Partidos Políticos vigente, ha venido a hacer más difícil la participación política de las fracciones políticas minoritarias. En esta ocasión, cabe recordarlo, los grupos minoritarios aceptaron la ley a cambio de la aprobación de dos artículos -los arts. 107 y 108 de la misma-, que diferían los plazos de entrada en vigencia de la ley, dándole a los partidos más chicos cierto tiempo, y así la oportunidad de reorganizarse y cumplir con las exigencias de la ley. Sin embargo, la propia Presidenta, vetó los arts. 107 y 108 de la ley en cuestión, de modo inconstitucional (dado que el art. 80 CN impide alterar el espíritu y la unidad del proyecto sancionado por el Congreso), y en contra de la única razón que se había ofrecido a la izquierda para avalar el proyecto.

"THERE IS A DEMOCRATIC FAILURE IN EUROPA". An interview with Amartya Sen for Olaf Storbeck.

Question: Professor Sen, do you have the impression that economists and economic policy makers are learning the right lessons from the most severe economic and financial crisis since the Great Depression?

Answer: I don’t think that at all. I’m quite disappointed by the nature of economic thinking as well as social thinking that connects economics with politics.

What’s going wrong?
Several features of policy making are worrying, particularly in Europe. The first is a democratic failure. An economic policy has to be ultimately something that people understand, appreciate and support. That’s what democracy is all about. The old idea of “no taxation without representation” is not there in Europe at the moment.

In which respect?
If you are living in a southern country, in Greece, and Portugal and Spain, the electorates views are much less important than the views of the bankers, the rating agencies and the financial institutions. One result of European monetary integration, without a political integration, is that the population of many of these countries has no voice. Economics is de-linked from the political base. That I think is a mistake and it goes completely against the big European movement that began in the 40s and fostered the idea of a democratic, united Europe.

Cutting back public debt has become the priority of policymakers in Europe. A lot of economists in Germany appreciate this.They argue that public finances have been on an unsustainable track.
Public debt in Europe has to come down, there is no question about that. However, I think the timing is wrong. At the moment the official priority seems to be to cut debt first and think about growth later. To me, this seems to be a big mistake.

Why’s that?
Economic history shows that public debts are much more easily paid back in periods of high growth rates. This is true for the years following the second world war as well as for the United States during the Clinton administration, or Sweden in the 1990s.

What’s the alternative?
One has to bear in mind the role of the state, which includes not only providing support to vulnerable people and a social safety net, but also regulating the market economy. Right now, well directed stimulation is needed, rather than drastically cutting down the state.

Since the crisis broke out the economics profession in general and mainstream economics in particular have been severely criticised. Do you think this is justified?
The criticism of mainstream economics is justified to a limited extent. It is certainly true that the focus of attention in mainstream economics has tended to be on assuming the market to be working perfectly and there being no need for regulation. However, while this view has been a very dominant part of mainstream economics, you have to bear in mind that mainstream economics is not all centered around one unified theme. I don’t think all of mainstream economics should be held responsible.

Do you think that neoclassical macro economists should bear the brunt of the blame?
This would be an oversimplification. Neoclassical economics has many different paths. There are mainstream neoclassical economists who have been very critical of the complete reliance on the markets.

For example?
Take Arthur Cecil Pigou. Often, he is described as an important intellectual antagonist to John Maynard Keynes. On the other hand, Pigou talked a lot about the state, income distribution, and poverty. But at the same time, he was very much a neo-classical economist. Keynes was far less concerned about inequality and poverty than Pigou was.

Putting a lot of faith in the functioning of free markets has a long tradition in economics. Take Adam Smith for example. The work of Adam Smith was much more diverse than is currently appreciated.
Smith described how the market economy works very well. However, he also pointed out why we need the state and well-reasoned regulation. He was also very much concerned about redistributional issues as well as issues of poverty. In fact, nothing engaged Adam Smith more than the issue of poverty.

Why is our view of Smith so biased?
Parts of the economics profession took only the first part of his work seriously but disregarded the other part. I think what has happened is that mainstream economics fell prey to a biased reading of the tradition that it had inherited.

Why did that happen?
I think a lot of economists were deeply impressed by the elegance of their models. These models describe an imagined economy where the markets functioned perfectly. In such an environment, the market achieves very good results and does not need any kind of state intervention. That’s a very elegant model. It was something which Adam Smith did discuss, but he discussed it along with all the limitations that must be borne in mind. Other early economists who used simplified models of this kind also stressed the importance of noting that the world isn’t anything like that. Edgeworth did that, Walras did that, Wicksell did that. Many modern economists take their simplified models too seriously.

In which ways do you think new economic thinking is necessary and how should it look like?
I think we need a bigger, more integrated view that economists tended to look for, in the past. We have to see the totality of the concerns that make human beings want a good economy. The kind of economic thinking that I would like to see pays a lot more attention to issues of human freedom. What I have in mind is real freedom, not just formal liberties but also what kind of lives people manage to achieve, what they can do with their lives, and what help of the state they need for more substantive freedom. The basic question economists should ask themselves is: What can we do to have a decent society where people get much more freedom to live the kind of lives of which they would have reason to be proud and happy.

You make a lot of references to old economic thinkers like Smith, Keynes and so on. However, if you look at the current economic research that is published in the journals and taught at universities, the history of economic thought does not play a big role anymore…

Yes, absolutely. The history of economic thought has been woefully neglected by the profession in the last decades. This has been one of the major mistakes of the profession. One of the earliest reminders that we are going in the wrong direction has come from Kenneth Arrow about 30 years ago when he said: These days, I get surprised when I find the students don’t seem to know any economics that was written 25 or 30 years ago.

Is there any hope that this trend can be reversed?
Yes, I’m quite optimistic in this regard. I get the impression that this seems to be getting corrected right now. I’m particularly delighted that the corrective has come to a great extent from student interest. I’m very struck by the fact that at the university where I teach – Harvard – the demand for more history of economic thought has mostly come from students. As a result there is a lot more attempt by the department of economics as well as history and government to look for the history of political economy. Last year, along with my wife Emma Rothschild, I offered a course on Adam Smith’s philosophy and political economy. It drew a lot of interest and we got some of the finest students at Harvard.

Do you think the focus on mathematics in current economics is the flip side of the neglect of the history of economic thought?
I don’t think that there is any conflict between mathematical reasoning and being interested in the history of thought. Many of our early thinkers were quite mathematical. The connection between mathematics and economics is very strong, and there is no reason to be ashamed of it. What is to be avoided is to be concentrated only on mathematical economics. We must not neglect the insights that come from parts of the subject where mathematics is not sensible to use and different kinds of reasoning are useful. I don’t think the conflict is between mathematics and other kinds of methods. The conflict is between taking an integrated, broad, comprehensive view as opposed to a narrow view whether it is mathematical or anti-mathematical.