"Guantánamo es intolerable para el mundo", dice Leandro Despouy con su voz seca y profunda. Sabe de qué habla, es uno de los cinco relatores de Naciones Unidas que elaboró el informe sobre el campo de detención donde Estados Unidos mantiene en un limbo jurídico a más de 500 prisioneros de la Guerra Antiterrorista. Con el informe en la mano, la ONU pidió esta semana el cierre inmediato del campo. Despouy combina este trabajo con su puesto de Auditor General de la Nación y desde su despacho de la porteña calle Irigoyen responde a las acusaciones de Estados Unidos de que el informe "está basado sobre desinformación deliberadamente difundida por grupos terroristas".
—¿Tuvieron información de terroristas?
—Hicimos el informe siguiendo todos los pasos legales del procedimiento de Naciones Unidas. Tenemos el apoyo de la Unión Europea y decenas de otros países del mundo. No es una crítica que esté a la altura de nuestro trabajo.
—Guantánamo ya entra en su quinto año de existencia. ¿Por qué tomó a la ONU tanto tiempo hacer este informe y llegar a la conclusión de que debe ser cerrado?
—Testimonios y críticas al sistema hubo desde el primer momento. Pero el procedimiento de Naciones Unidas implica necesariamente el cumplimiento de determinadas consultas con el país involucrado. Y estuvimos siguiendo ese procedimiento en los últimos tres años.
—Pero no tuvo el apoyo de Estados Unidos.
—Estados Unidos recibió el informe y nos enviaron sus observaciones, como corresponde. Pero no pudimos acceder, como lo habíamos requerido, a realizar una visita plena a Guantánamo.
—¿Pudieron hablar con los prisioneros?
—Esa es una parte fundamental del proceso y se nos fue negada. Después de dos años de requisitoria, se invitó a tres de los cinco relatores a visitar el campo de prisioneros, pero sin el derecho a hablar con ellos. Me excluyeron a mí porque argumentaron que allí no encontraría ninguna información sobre los procedimientos legales, que es mi especialidad, y a la encargada de los derechos a la salud, porque creían que no tenía nada que ver con el problema.
—¿Entonces, ¿cómo elaboraron el informe?
—Entrevistamos a seis de los detenidos que salieron de Guantánamo. Dos de ellos en libertad en Gran Bretaña, pero los otros encarcelados. Con la autorización y el apoyo de los gobiernos de España y Francia, obtuvimos el testimonio de estas personas. Al mismo tiempo, entrevistamos a los abogados que tienen contacto con los prisioneros. Obviamente, a los familiares de los detenidos. Y agregamos todos los informes de las ONG que trabajan en el tema.
—¿Cuál es el logro de este informe?
—Uno, fundamental: marca el fracaso rotundo de las cárceles secretas. El mundo no puede tolerar un Guantánamo.
—Es un retroceso para el mundo.
—Cuando uno ve lo que sucede en la cárcel iraquí de Abu Ghraib, en Afganistán, y por supuesto en Guantánamo, aparece que la práctica de las prisiones secretas, tiene consecuencias graves en materia de derechos humanos, cultiva focos de abusos de prácticas deleznables. Y es un grave retroceso para la humanidad.
—¿No cree que hay una justificación de estas prácticas en el propio gobierno estadounidense?
—Si hay un país al que no le conviene mantener cárceles clandestinas es a Estados Unidos. Casualmente, ese un país importante por su cultura que conlleva una libertad absoluta.
—En el informes se habla directamente de torturas.
—Hay condiciones de detención, con el aislamiento por años que significa un trato inhumano degradante. Se aplican técnicas de interrogatorio que abarcan sonidos enloquecedores, música a volúmenes inaceptables, intimidación con perros y agravios a sus convicciones religiosas, que es un tratamiento inhumano.
—¿Por qué no se enjuicia a los detenidos?
—Porque no tienen pruebas para condenarlos. Y las pruebas que puedan llegar a haber obtenido en esos interrogatorios, no serían válidas. Han renunciado al derecho, cuando de otra manera, bajo procedimientos democráticos, hubiera sido posible condenar a muchos sospechosos de haber cometido horrendos crímenes.
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