«El rico es el parásito del pobre que le da de comer,
no al revés; quien produce es quien trabaja»
Bienestar es un término capitalista acuñado por la derecha. Existe demasiada teoría sobre cómo resolver los problemas ecológicos, la militarización o las desigualdades; lo que falta es energía social para impulsar los proyectos que los resuelven. La izquierda debería atender a los problemas concretos y olvidarse de las utopías ideológicas. He ahí algunas de las ideas de Juan Ramón Capella Hernández (Barcelona, 1939), traductor de Gramsci, Castoriadis o Marcuse, y uno de los más prolíficos y afilados ensayistas españoles sobre el estado del bienestar.
Pocas veces se piensa al Estado de Bienestar como un producto de la sociedad capitalista. Más bien, la protección social parece remitir a un argumento de izquierdas. Los historiadores, sin embargo, coinciden en que la primera transformación del estado administrativo en benefactor tiene su origen cuando los funcionarios y los empresarios «comprendieron que se necesitaba una política social para proteger» a aquellos que quedaban desplazados del mercado, en los albores de la sociedad industrial (1). En todo caso, se trató de un proceso de configuración largo y complejo del que formaron parte ambas tendencias políticas, motivadas en cada época por distintas intenciones.
En rigor, su gestación respondió mucho más a una combinación en el tiempo de intenciones, reacciones y temores surgidos de pensadores, funcionarios y actores sociales que a una fórmula maniquea esbozada en un momento determinado. «No fue el logro de las clases obreras organizadas ni el resultado de una conspiración capitalista para pacificarla...», decía el sociólogo Abraham Swaan. De hecho, los estudiosos encuentran bastantes dificultadas para definirlo. Dicen, por ejemplo, que resulta problemático establecer en la construcción de esos dos términos cuál afecta a cuál. Así que, incluso, parece complicado hablar de un modelo.
Con todo, sí puede reconocerse en esta expresión política características concretas. De todas ellas, la principal quizá sea que dispone un sistema de protección social para la población frente a las vicisitudes del mercado y los riesgos; por ejemplo, el de la pobreza. Este espíritu es el que hoy navega entre dos fuegos: quienes defienden una intervención estatal que ampare a los habitantes —o a gran parte de ellos— y quienes consideran que esta intervención acarrea costes económicos insoportables e injustificables en el contexto actual. Un contexto, dicho sea de paso, de sociedades donde la desigualdad y la pobreza van en alza.
BIENESTAR: UN TÉRMINO CAPITALISTA
«Estado del bienestar es una expresión apologética del sistema capitalista. No fue la izquierda la que acuñó esa expresión», confirma Juan Ramón Capella Hernández al ser preguntado por Teína. Este catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Barcelona ha investigado con detenimiento el tema. «Desde un punto de vista socialista», continúa, «hablamos de un ‘estado intervencionista' redistributivo, o sea, que impone al empresariado, a través de la principal institución pública —el Estado, o las uniones de Estados— deberes, cargas, que hoy o bien están siendo soportadas por el grueso de la población o son simplemente desatendidas; por ejemplo, en materia de conservación del medio ambiente». Más que lograr la igualdad social a través de estas políticas, en la «verdadera izquierda», dice Capella, se aceptó que «el keynesianismo podía reducir las desigualdades más agudas».
Hoy, cuando las política neoliberales favorecen la concentración de riquezas y la exclusión —esto es innegable; otra cosa es que se esté de acuerdo o se justifique esa filosofía—, la izquierda adopta una postura conservadora en el aspecto social. Trata de resguardar, a veces tibiamente, algunos derechos humanos que quedan expuestos ante la incertidumbre de una economía enloquecida.
Capella explica que el triunfo casi universal del neoliberalismo ha implicado la derrota de las clases trabajadoras y su condicionamiento a adoptar una postura defensiva. «Se trata, para las gentes trabajadoras, de no cargar con más fardos de los que el capital intenta —y ha conseguido— echarles encima», dice el académico. Para él, «la duración de esta etapa es imprevisible, pues depende también de la capacidad del sistema para hacer frente a retos dificilísimos para los que, de momento, no halla casi más respuesta que la militarización del mundo, la prosecución de la política por medios militares». En el centro de esas preocupaciones reside el problema energético.
FALTA ENERGÍA SOCIAL
A su juicio, ideas para cambiar las cosas no faltan. «Creo que hay numerosas propuestas modélicas acerca del tipo de economía necesaria para enfrentar los retos ecológicos y las crecientes desigualdades sociales en un mundo que es, por otra parte, altamente productivo y altamente destructor», afirma. Por eso opina que la izquierda demuestra «comprensión teorética» de lo que ocurre. «Lo que escasea», en cambio, «es energía social para impulsar proyectos».
Con impotencia, la izquierda más disconforme se queja de que las acciones sociales que promueven los partidos que los representan —al menos desde el rótulo— en el poder alivian algunas necesidades puntuales, pero no tuercen las causas de fondo. Esto es: sirven de paliativos a las consecuencias de un sistema socioeconómico injusto antes que ir en contra de los mecanismos que generan esas injusticias. Otros, directamente, ven aquí el fracaso de una ideología.
«Es importante comprender que, pese a las ilusiones del pasado en el sentido de buscar respuestas globales, totales, no hay ni ha habido nunca más respuestas que las parciales», discrepa Capella. Su postura es menos utópica y más práctica: «Hay que atender a los problemas concretos, parciales, y luchar por resolverlos, sin garantía de final alguno». Problemas que, por otra parte, él define como de género de vida más que de bienestar. En esta línea, establece un orden de prioridades donde gravitan sobre todo «la problemática ecológica y energética, la militarización, la desdemocratización (la vuelta atrás) de la política, con la necesidad de abordar la mediación política de otra manera».
LA REDISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS
¿Será, como señalan los más críticos, que el Estado de bienestar ha perdido en gran parte su fundamento cuando ya no priman las concepciones de un trabajo remunerado masculino, la hegemonía de los estados-nación y un control de los riesgos externos? Según los críticos, esos tres fueron los pilares sobre los que se configuró otro, el de protección, que durante la posguerra alcanzó su madurez. En todo caso, ¿cómo encaja hoy esa idea en un mundo de flexibilización laboral, que tiene una noción mucho más amplia del trabajo, que vive un contexto de globalización económica y donde existen peligros incalculables fabricados en gran medida por el hombre?
Capella admite que la internacionalización neoliberal de las relaciones económicas y sociales «hace más difícil la adopción por los estados de políticas intervencionistas de tipo keynesiano». Pero, aclara en seguida, «sólo en la medida en que su adopción precisa ahora espacios económicos amplios desde el punto de vista del mercado (por ejemplo, la Unión Europea) y no únicamente algún estado». No obstante, opina que, si esas políticas intervencionistas no superan los límites que tuvieron en su época histórica, «son perfectamente compatibles con el capitalismo». Es más, subraya: «Fueron las que permitieron su despliegue multinacional en aquella etapa histórica», y de nuevo deberá volver a tenerlas en cuenta si pretende hacerle frente al reto ecológico.
Ahora bien, aclara, «otra cosa es que el empresariado reciba bien esas políticas que tratan de reimponer cargas o deberes cuando ya se han ido librando de éstos gracias a las políticas neoliberales».
Como sea, Capella insiste en que la lucha por la redistribución del producto social, de las cargas sociales, debe continuar. «El origen del riesgo está en la lógica económico-política (y cultural) de las instituciones productivas que tenemos, y por tanto hay que cambiarlas», afirma.
EL RICO SOCIALIZA SUS RIESGOS
Frente a quienes acusan a los sistemas de protección social de ser costosos, alentar el actitudes sociales parasitarias y atentar contra la eficacia económica, este investigador exhibe un razonamiento inverso e igualmente incisivo. «El rico es el parásito del pobre que le da de comer, no al revés; quien produce es quien trabaja, no se olvide; las actitudes sociales parasitarias son, más bien, otra cosa: gente que exige socializar el riesgo en un sistema social que permite que el rico coja el dinero y eche a correr dejando a la gente sin trabajo».
Si bien admite que «algunos» sistemas de protección social forjaron burocracias «enormes y costosas», algo que no se debe repetir, advierte que «mucho más caro y costoso es un sistema de seguros privados». Esto se ve claramente en el caso de la salud, ilustra. «Los médicos de consulta privada obtienen rentas muy superiores a las de sus homólogos en la medicina pública y, sin embargo, para cuestiones graves, hasta los ricos recurren a la medicina pública, que socializa sus costes y por tanto puede ser mucho mejor que la medicina privada en estos casos».
El caso estadounidense es paradigmático de lo último. La derecha de ese país desmontó sistemáticamente la seguridad social con resultados bien conocidos: «Una expansión de la miseria tal que la recuperación de la medicina pública, con mayor o menor amplitud, está en todos los programas de los candidatos a la presidencia», argumenta Capella. En este sentido, el empresariado se debate entre dos necesidades: reducir al máximo los costes laborales y garantizar que la gente trabaje para él «y que no le arruine una guerra social por estrangular demasiado».
La moraleja para este académico es clara: «La socialización de ciertos riesgos, el cargar con ellos colectivamente o no, y más o menos, siempre será un terreno de lucha política y social».
* CATEDRÁTICO DE FILOSOFÍA DEL DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA
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