Últimos acontecimientos hasta septiembre de 2003
«La capacidad de transformar palabras en acciones es el criterio clave que usará la comunidad internacional y la sociedad civil mexicana en el momento de evaluar el cumplimiento de este gobierno en materia de derechos humanos».
Irene Khan, Proceso, 16 de agosto de 2003
LA secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, visitó México entre el 9 y el 14 de agosto de 2003 para presentar el informe Muertes intolerables: 10 años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua a las autoridades mexicanas, a los familiares de las víctimas y a los medios de comunicación nacionales e internacionales.
Durante la visita, Irene Khan se desplazó a Ciudad Juárez para reunirse con las familias afectadas y organismos de mujeres y de derechos humanos. Asimismo, encabezó una ofrenda floral en homenaje a las víctimas en el antiguo campo algodonero donde fueron hallados 8 cuerpos, en noviembre de 2001.
En sus reuniones con las autoridades mexicanas, Amnistía Internacional insistió en tres recomendaciones clave:
— La intervención inmediata de las autoridades federales para garantizar que se haga justicia en Ciudad Juárez y Chihuahua con la plena cooperación de las autoridades estatales en la investigación de los casos.
— El establecimiento de un mecanismo judicial independiente para revisar los casos de todos los detenidos en relación con las desapariciones y homicidios, así como la implementación de amplias reformas necesarias a nivel estatal en el ámbito de la seguridad
pública y los servicios de la procuración y la administración de justicia.
— El respeto a la dignidad de los familiares y organismos defensores de derechos de la mujer reconociendo públicamente la legitimidad de su lucha en la búsqueda de la justicia y condenando cualquier acto de intimidación u hostigamiento en su contra.
LOS COMPROMISOS DE LAS AUTORIDADES
El Presidente
En la reunión con el Presidente Vicente Fox, Irene Khan expuso que la situación en Ciudad Juárez y Chihuahua representa un caso emblemático de violencia contra la mujer y de los problemas estructurales que socavan la protección de los derechos humanos
en México, en particular dentro de la procuración y la administración de justicia. El Presidente Fox, aunque admitió que la situación en Ciudad Juárez es grave, consideró que los asesinatos y desapariciones de mujeres en esa ciudad son un fenómeno aisla- 10 de agosto de 2003, Ciudad Juárez. Ofrenda floral de la secretaria general de Amnistía Internacional Irene Khan en el antiguo campo algodonero donde fueron encontrados
ocho cuerpos en noviembre de 2001. do, sin reconocer que estos casos reflejan deficiencias graves en la protección de los
derechos humanos en México. Sin embargo, el Presidente Fox manifestó su compromiso para que el gobierno asuma un papel activo y concreto para poner fin a los asesinatos y desapariciones de Ciudad Juárez. A principios de septiembre reiteró este compromiso ante la Nación y anunció el nombramiento de un comisionado para coordinar la participación del gobierno federal en el esclarecimiento de los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez. Al cierre de esta actualización no se conocía
un pronunciamiento sobre el mandato específico ni había sido designada ninguna persona en el cargo.
El secretario de Gobernación
En julio la Secretaría de Gobernación (SEGOB) anunció un Programa de 40 Acciones para abordar la seguridad pública, la procuración de justicia, la promoción social y los derechos humanos de la mujer en Ciudad Juárez. El programa reconoce que es un deber fundamental del gobierno federal el esclarecimiento de los casos y establece la responsabilidad del gobierno federal para impulsar espacios de diálogo con familiares, víctimas y sociedad civil, colaboración institucional y programas con las Organizaciones
No Gubernamentales (ONG). La coordinación del Programa fue delegada a la «Subcomisión de Coordinación y Enlace para Prevenir y Sancionar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez», creada expresamente para esta función, que depende de la Comisión Política Gubernamental en materia de Derechos Humanos. En agosto el secretario de Gobernación, Santiago Creel, informó a Irene Khan sobre la publicación de un Informe Mensual de Seguimiento al Programa de 40 Acciones (que incluye la evaluación de metas específicas).
El gobierno del estado de Chihuahua
El gobernador de Chihuahua no se reunió con la delegación de Amnistía Internacional.
Pocos días después del lanzamiento del informe, las autoridades estatales publicaron un desplegado en los medios calificando el documento como parcial y sesgado.
En una carta dirigida a la secretaria general de Amnistía Internacional, el gobierno estatal insistió en su disposición para intercambiar información sobre las cifras y los
casos penales, y para evaluar las acciones de su administración. También declaró que las recomendaciones de Amnistía Internacional estaban siendo estudiadas.
Procuraduría General de la República (PGR)
La PGR confirmó que está atendiendo 14 procesos que incluyen seis asesinatos ocurridos entre septiembre de 2002 y febrero de 2003 (Cerro Cristo Negro) y está dando seguimiento a la causa penal del fuero común de los ocho casos de noviembre de 2001(antiguo campo algodonero, Ciudad Juárez). Sin embargo, en estos casos no existe
todavía una decisión definitiva sobre la jurisdicción de la PGR. El procurador general de la República, general Macedo de la Concha, informó a Amnistía Internacional de que la PGR está gradualmente incorporando datos sobre más casos y aseguró su colaboración en todas las investigaciones realizadas por las autoridades estatales.
Fiscalía Mixta
El 11 de agosto se anunció la creación de una Fiscalía Mixta de investigación integrada por la PGR y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Chihuahua.
Amnistía Internacional acogió con satisfacción la iniciativa por tratarse de un mecanismo que podría ser efectivo para encarar judicialmente los crímenes, aunque considera que ésta es restringida ya que sólo se refiere a los homicidios en Ciudad Juárez, dejando fuera los casos de Chihuahua que presentan las mismas características. Para Amnistía Internacional, esta Fiscalía Mixta debería asumir la investigación de los asesinatos de mujeres en la ciudad de Chihuahua, las desapariciones «vigentes» y de «alto riesgo» en Ciudad Juárez y Chihuahua y la revisión de los procesos judiciales en los casos en que los detenidos como presuntos responsables han denunciado el uso de torturas. La revisión debería concluir con la persecución penal y el castigo de todos los agentes responsables por abusos, como negligencia, encubrimiento, tortura a detenidos y amenazas o coacción a testigos, abogados o defensores de derechos humanos.
Con referencia a las medidas, Amnistía Internacional considera que es urgente la creación de una Comisión de Búsqueda como parte inicial de una investigación penal en los casos de desaparecidas, así como el impulso urgente de un programa de exhumaciones y la revisión de los exámenes de ADN por parte de expertos independientes y con la autorización de las familias, en los que se han obtenido resultados contradictorios.
LA PERSISTENCIA DEL PATRÓN - NUEVOS CASOS
DE DESAPARICIÓN, HOMICIDIO Y TORTURA
EN CIUDAD JUÁREZ Y CHIHUAHUA
Entre enero y septiembre de 2003 aparecieron asesinadas 15 mujeres. Al menos ocho de estos crímenes registraron huellas de violencia sexual. Se reportaron además otras 18 jóvenes como desaparecidas. Entre los casos destacan:
Claudia Judith Urías Berthaud, de 14 años, estudiante de secundaria, quien desapareció el 9 de marzo de 2003 en la ciudad de Chihuahua después de salir de su casa para visitar a su abuela. Nunca llegó a su destino. Aunque su madre denunció el caso
y reparte constantemente volantes con la fotografía, su hija no ha reaparecido. La familia insiste en que la respuesta obtenida por parte de las autoridades ha sido insuficiente.
Diana Yasmín García Medrano, de 18 años, desapareció en Chihuahua el 27 de mayo de 2003, cuando se dirigía a la Escuela de Computación en el centro de la ciudad. Su madre divulgó su fotografía ampliamente, pero hasta el momento su búsqueda ha sido
en vano. Su familia ha denunciado que agentes judiciales sometieron a la hermana menor de la desaparecida, de 14 años, a rendir declaraciones sobre la personalidad de Diana haciendo uso del polígrafo y denegando a la madre la petición de estar presente
o permitir la presencia de un adulto. Según la familia, los agentes respondieron a sus protestas afirmando que «aquí todos son sospechosos». En septiembre se hallaron los restos de una mujer en la carretera a Ciudad Juárez. Los familiares de Diana reconocieron
prendas y objetos personales de la joven. Al publicar esta actualización se estaba a la espera de los resultados de los exámenes del ADN.
El 15 de julio fueron encontrados en Chihuahua los restos de una mujer. Desde el primer momento las autoridades locales insistieron en que pertenecían a Neyra Azucena Cervantes, quien desapareció el 13 de mayo de 2003. Sin embargo, su familia no ha podido confirmar su identidad. En agosto se sometió a una prueba de ADN a cargo de la PGR. La familia se había negado reiteradamente a que se la hiciera la PGJE por no confiar en sus resultados. Con relación a este caso fue detenido Miguel David Meza, primo de Neyra, quien ha denunciado que fue detenido ilegalmente y torturado para obligarle a confesar el crimen. Se desconoce si se han realizado investigaciones para esclarecer estas alegaciones de tortura.
A finales de agosto fue encontrada muerta en la carretera que v
a de Chihuahua a Ciudad Juárez, Jennifer Carolina Albino, de 27 años y de nacionalidad hondureña. Según las investigaciones de la nueva Fiscalía Mixta, la mujer fue agredida a golpes y violada.
Murió por asfixia. Con relación a este caso las autoridades arrestaron a un hombre de 20 años acusado del crimen y que actualmente está siendo procesado.
En agosto, Amnistía Internacional recibió más información sobre dos casos de tortura a detenidos en relación con los crímenes.
Cynthia Kicker, ciudadana estadounidense, fue detenida en Chihuahua a finales de mayo de 2003 junto con su esposo, Ulises
Perzábal, acusados del secuestro y homicidio de Viviana Rayas. Según la denuncia de la madre de Cynthia y otros, los dos fueron torturados, incluyendo el uso de descargas eléctricas, para obligarles a confesar el crimen. En el caso de Viviana Rayas, a pesar de la insistencia de las autoridades, persisten dudas sobre la identidad de los restos sepultados(en su nombre). En este caso las autoridades no han realizado ninguna prueba de ADN para su identificación.
Amnistía Internacional agradece la apertura de las autoridades federales y su disposición para recibir las preocupaciones de la organización y acoge con satisfacción diversas iniciativas para combatir la situación en Ciudad Juárez, pero, tal y como lo demuestran los últimos casos, es imprescindible que de modo urgente todas las recomendaciones incluidas en este informe, así como las recomendaciones internacionales emitidas por los mecanismos de la ONU y la OEA que han conocido el caso, sean aplicadas tanto en Ciudad Juárez como en Chihuahua para garantizar la erradicación de esta manifestación brutal de violencia contra la mujer.
Para una lectura completa del informe ver link:
http://www.amnistiainternacional.org/publica/ISBN_8486874912.html
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