El ejercicio de la prostitución, en nuestro país, no constituye un delito. Pero quienes la ejercen, paradójicamente, no tienen reconocidos sus derechos. Más aún, en ciudades como Madrid y Barcelona, están siendo acosadas y hostigadas por Planes y Ordenanzas especiales de ambos ayuntamientos. A las prostitutas que captan su clientela en la calle y que son el sector más vulnerable de ellas se les están negando derechos elementales como el de circular libremente o el respeto a su dignidad, empeorando aún más su situación.
La filtración del borrador del proyecto para regular la prostitución, impulsado por la consejera de Interior de la Generalitat de Catalunya, ha provocado que el debate sobre este tema se reactive. El documento elaborado por el Instituto de la Mujer oponiéndose a dicho proyecto desde las posiciones abolicionistas más ideologizadas y poco realistas, así como la iniciativa parlamentaria de una diputada de IU-IC-EV ha supuesto que el gobierno anuncie algunas medidas y la creación de una Comisión específica en el Congreso para el estudio del tema.
Preocupadas ante esta situación, las personas abajo firmantes exigimos:
Que se reconozcan y se garanticen los derechos de todas las personas que ejercen la prostitución, especialmente el derecho a emigrar, a la libertad de movimientos y a establecer sus propios negocios.
Que se reconozca, como plantea una sentencia dictada en 2001 por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que la prostitución es una actividad económica legítima.
Que se reconozca y respete la dignidad de las prostitutas y su capacidad de decidir, sin coacciones, a qué quieren dedicarse y cómo o con quién quieren establecer acuerdos comerciales. Consecuentemente, rechazamos el "hostigamiento" a prostitutas y clientes que se está dando en Madrid y Barcelona, ya que estas medidas no sólo no reduce la demanda, sino que favorecen los tratos rápidos y clandestinos con el consiguiente empeoramiento de las condiciones de trabajo de las prostitutas.
La creación de espacios públicos, al estilo de los barrios rojos de algunas ciudades europeas, donde se pueda ejercer libremente la prostitución, en buenas condiciones de higiene, seguridad y tranquilidad. La ubicación de dichos barrios debe ser negociada con prostitutas y vecinos en pie de igualdad.
Que se persiga de manera fehaciente a las mafias que obligan y fuerzan a mujeres a prostituirse y las explotan en régimen de esclavitud. Que se acabe ya con la hipocresía de las pomposas declaraciones públicas de rechazo y anatema de estas prácticas inhumanas, internacionalmente organizadas y se pongan los medios, que los hay, para acabar con ellas, por encima de todo tipo de intereses creados.
Que se destinen recursos económicos y materiales y alternativas de empleo, a los que puedan acogerse voluntariamente aquellas personas que, por los motivos que sea, deciden abandonar el ejercicio de la prostitución.
Madrid, febrero de 2006
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